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Año 26 Nº. 65 (12 de noviembre de 2014)

Consejo General

leyes

 

Ley 20/2014, del 16 de octubre, reguladora de la contratación electrónica y de los operadores que desarrollan su actividad económica en un espacio digital

Dado que el Consejo General en su sesión del día 16 de octubre de 2014 ha aprobado la siguiente:

ley 20/2014, del 16 de octubre, reguladora de la contratación electrónica y de los operadores que desarrollan su actividad económica en un espacio digital

Exposición de motivos

El crecimiento social y económico del Principado de Andorra y de los países de su entorno depende de forma cada vez más sustancial y determinante de sectores vinculados al espacio digital, para que todos los ámbitos de la actividad social y económica se desarrollan cada vez con más frecuencia, extensión e intensidad en este espacio. Una regulación previsible y adaptada a la evolución del estado de la técnica, los hábitos y las prácticas sociales, y de las estrategias empresariales que no descuida la debida protección de los derechos y de los intereses en juego, es un elemento esencial para aportar certeza y generar confianza en el espacio digital. Esta sería la manera de favorecer el tejido empresarial y la localización de empresas innovadoras en el país, de atraer la inversión extranjera, de impulsar la innovación y la creatividad, y de facilitar los intercambios económicos y la interacción social.

El desarrollo de la normativa, tanto internacional como regional o nacional, sobre la contratación electrónica y las otras materias relacionadas con el desarrollo de la actividad en el espacio digital, ofrece hoy experiencias consolidadas y referencias muy útiles para elaborar una legislación equilibrada y completa . Por ello, la legislación del Principado de Andorra debe tener lógicamente en cuenta los ordenamientos jurídicos de los países de su entorno y de los países con los que establece relaciones socioeconómicas y empresariales. Esto convierte la normativa comunitaria y la de los estados miembros de la Unión Europea en un referente lógico y obligado. Además, la aprobación de esta Ley reguladora de la contratación electrónica y de los operadores que desarrollan su actividad económica en un espacio digital constituye una ocasión excelente para incorporar los avances jurisprudenciales y doctrinales, y para apuntalar la base sustantiva con los principios fundamentales del derecho internacional sobre esta materia.

Así, esta ley se inspira en principios y en reglas que se han contrastado y aporta soluciones innovadoras en las cuestiones que la práctica ha evidenciado como más inciertas, conflictivas o no suficientemente cubiertas con las normas existentes. La innovación se efectúa tanto en el uso de conceptos más adaptados a la realidad técnica, social o empresarial del momento, como en la perfección de algunas reglas o en la incorporación de nuevas soluciones.

La Ley se estructura en seis capítulos. El capítulo primero contiene las disposiciones generales referidas al objeto de la Ley y las definiciones principales de los términos utilizados en el articulado y su ámbito de aplicación. El capítulo segundo establece las obligaciones de los operadores. El capítulo tercero se dedica al régimen de responsabilidad de los operadores y, en particular, de los prestadores de servicios de intermediación. El capítulo cuarto se dedica íntegramente al régimen de las comunicaciones comerciales electrónicas. El capítulo quinto está dedicado a la contratación electrónica y contiene, además, disposiciones relativas a la resolución extrajudicial de conflictos y el recurso a instrumentos de autorregulación, códigos de conducta y sellos de garantía. Finalmente, en el capítulo sexto establece un régimen sancionador para los operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital, proporcionado, eficaz y dirigido a disuadir el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

El objeto de esta Ley es establecer un marco jurídico básico para el desarrollo de actividades económicas en un espacio digital y para la contratación electrónica, en particular, en cuanto a las comunicaciones comerciales electrónicas, al proceso de formación y de perfección de los contratos , ya las condiciones para su validez y eficacia.

Por otra parte, esta ley no debe concebirse como una ley sectorial que regula una actividad independiente y estanca. Al contrario, responde a una iniciativa normativa transversal que regula, en realidad, la actuación de los operadores en un espacio, el espacio digital, donde concurren actividades y relaciones comerciales y sociales de naturaleza y de entidad muy diversas, y cada vez más preponderantes. Por ello, esta Ley debe aplicarse en combinación con otras normativas vigentes en el Principado de Andorra que traten materias conexas o colaterales tales como, entre otros: normas procesales; contractuales; fiscales; de servicios de confianza electrónica; de defensa de la competencia, competencia desleal y protección del consumidor; de propiedad intelectual e industrial; y de protección de los datos personales.

La delimitación del objeto de la Ley en el artículo 1 incorpora un concepto innovador para describir la actividad regulada y los sujetos que la desarrollan.

Con la expresión "operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital" se sustituye y, sobre todo, se amplía el concepto de "prestadores de servicios de la sociedad de la información" que vertebra la normativa comunitaria. El uso de esta última expresión se ha rechazado por dos motivos principales. En primer lugar, la actividad en la red no consiste únicamente en la prestación de servicios. En segundo lugar, la referencia a "servicios de la sociedad de la información" es una expresión ajena a la terminología más comúnmente utilizada. Un sitio web, un blog, un portal, una plataforma, una aplicación o una red social son espacios digitales gestionados por operadores. El operador que desarrolla su actividad en la red crea un espacio en el que desarrolla su actividad e interactúa con los usuarios. Este espacio digital resulta de la combinación de medios electrónicos de comunicación y de apoyo digital. El usuario, por tanto, no consulta un sitio web como si se tratara de una página de un libro, sino que accede a un espacio, un espacio digital, gestionado por el operador para que utilicen sus servicios, s 'acceda a sus contenidos o adquieran sus productos. Esta perspectiva espacial es fundamental para asegurar que las soluciones de esta Ley son adecuadas y suficientemente dinámicas para evitar la obsolescencia en el tiempo.

La percepción espacial de la actividad se refleja en el resto de definiciones del artículo 2 y en todas las reglas contenidas en las disposiciones de la Ley.

El ámbito de aplicación de la Ley se define en el capítulo primero. En virtud del artículo 3, la Ley es aplicable a los operadores establecidos en el Principado de Andorra y en las actividades que desarrollen. Se entiende que un operador está establecido en el Principado de Andorra cuando el lugar en que estén efectivamente centralizadas la gestión administrativa y la dirección de sus negocios se encuentre en territorio del Principado, que se presume que es el lugar de residencia habitual, de domicilio o de inscripción registral. En caso de operadores residentes o domiciliados en otro estado, la Ley es aplicable cuando estas personas desarrollen sus actividades a través de un establecimiento permanente en el Principado de Andorra. Se considera que un operador actúa mediante un establecimiento permanente situado en el Principado de Andorra, cuando este operador dispone, de forma continuada o habitual, de instalaciones o de puestos de trabajo en el que realiza toda o parte de su actividad. En este caso, la Ley precisa que no es determinante la mera utilización de medios tecnológicos situados en el país. De este modo, se consigue un marco jurídico de aplicación previsible que otorga una amplia protección a las partes.

Desde el punto de vista objetivo, la Ley abarca la prestación de cualquier actividad económica en la medida que se desarrolle en un espacio digital. En el artículo 5 se establece que este ejercicio, además, no requiere una autorización previa, sin perjuicio del régimen de autorizaciones que, en su caso, corresponda al desarrollo de la actividad específica en sí.

El capítulo segundo establece las obligaciones de los operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital.

La necesidad de generar confianza en las relaciones que se establecen en un espacio digital exige asegurar un alto nivel de certeza sobre los elementos básicos de la transacción e incrementar la transparencia mediante obligaciones de información. Todo operador que desarrolle actividades en un espacio digital debe cumplir con la obligación de facilitar información a sus destinatarios relativa a su identificación ya otros datos básicos contenidos en el artículo 6. El operador debe proporcionar esta información de forma visible, permanente, clara y gratuita, y de manera adecuada en el espacio digital en el que se desarrolla la actividad.

A esta obligación de información sobre datos esenciales se añade igualmente, en el artículo 8, el deber de informar sobre los aspectos relacionados con la seguridad.

En relación con los prestadores de servicios de intermediación, en el artículo 7 se recoge la previsión de que los órganos competentes puedan ordenar, en el ejercicio de sus competencias, la interrupción, la suspensión o la retirada de un contenido o de una actividad determinados, de manera que se cuente con la colaboración de los operadores que presten el correspondiente servicio de intermediación.

El capítulo tercero establece el régimen de responsabilidad de los operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital y, en particular, de los prestadores de servicios de intermediación.

El régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación es una de las cuestiones que requieren más atención, porque representa una pieza clave en el desarrollo normal de las actividades en el espacio digital y de la expansión de la contratación electrónica.

Con el objetivo de ofrecer un modelo más completo, moderno y desarrollado, se ha adoptado una estructura más sistemática y en línea con la normativa, los informes y los documentos de consulta y la jurisprudencia europeos y de otras jurisdicciones especialmente activas. Se define un concepto abierto de "prestador de servicios de intermediación" que permita su evolución ante el progreso del estado de la técnica y de los modelos de negocio; establecen expresamente reglas relativas a la obtención de conocimiento efectivo de la ilicitud por el prestador; se detalla un procedimiento voluntario de notificación, retirada y reposición; y se establecen reglas claras sobre el reparto y la atribución de responsabilidades entre el operador, el destinatario afectado y el notificando a lo largo de todo el proceso voluntario de notificación, retirada y, en su caso, reposición.

El capítulo cuarto se dedica al régimen de las comunicaciones comerciales electrónicas.

Ante las nuevas estrategias de publicidad digital, es necesario, en primer lugar, depurar el concepto de "comunicación comercial electrónica", por un lado, para diferenciarlo de simples datos de localización digital del operador, y, por otra parte , para incorporar el fenómeno creciente de la personalización y cubrir los supuestos basados ​​en esquemas de accesibilidad a la información y no sólo del envío o de la remisión de las comunicaciones comerciales. Igualmente, se regula de forma equilibrada la utilización de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos (cookies) en todas sus modalidades.

El capítulo quinto contiene disposiciones generales sobre el proceso de negociación, de formación y de perfección del contrato mediante comunicaciones electrónicas y disposiciones específicas sobre los procedimientos de contratación automatizados y con consumidores. Se definen con claridad, siguiendo la línea de los instrumentos internacionales uniformes, los conceptos de "oferta" y de "invitación a hacer ofertas" y se precisan, en general, y para un espacio digital, las formas de manifestar la aceptación . Igualmente, se ofrece una regulación simplificada y comprensiva del momento de perfección del contrato, aplicable a todos los entornos y escenarios de contratación.

El capítulo quinto incluye, además, dos disposiciones relevantes. Por un lado, la previsión de que las partes decidan someter sus conflictos a procedimientos de resolución extrajudicial de controversias y, en particular, la posibilidad de que se entablen y se desarrollen por medios electrónicos. Por otra parte, el trabajo, la adopción o la adhesión de los operadores a códigos de conducta o de otras fórmulas de autorregulación, así como el recurso a sellos acreditativos de cumplimiento de estándares, de normas y de conductas o de buenas prácticas.

En el capítulo sexto se establece un régimen sancionador para los operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, y las sanciones se establecen correlativamente así. Se ha diseñado un régimen sancionador proporcionado, eficaz y con el objetivo de disuadir el incumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Capítulo primero. disposiciones generales

artículo 1

objeto

1. El objeto de esta Ley es regular los operadores que desarrollan su actividad económica en un espacio digital, y la contratación electrónica, en particular, en cuanto a las comunicaciones comerciales electrónicas, el proceso de información previa, de formación y perfección los contratos, y las condiciones para su validez y eficacia.

2. La regulación contenida en esta Ley se entenderá sin perjuicio de la sujeción de tales operadores a la normativa que les resulte aplicable en el ejercicio de su actividad específica; a las disposiciones generales sobre obligaciones y contratos que resulten aplicables a la contratación electrónica; a la normativa de servicios de confianza electrónica; a la normativa de defensa de la competencia, competencia desleal y protección del consumidor; a la normativa de comercio; a la normativa de protección de datos personales y; en general, a cualquier otra normativa que pudiera ser aplicable.

artículo 2

definiciones

A los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) "Actividad en un espacio digital": actividad que se lleva a cabo en un espacio digital cuando la provisión de información o de contenidos, la prestación de servicios o el suministro de bienes se desarrollan, total o parcialmente, en soporte digital y por medios de comunicación electrónica, de tal manera que el destinatario solicita, busca o accede a la información, los contenidos, los servicios o los bienes en dicho espacio digital.

No se consideran actividades desarrolladas en un espacio digital sujetos a esta Ley:

- Los servicios prestados mediante telefonía vocal o fax. Sin embargo, el uso de dispositivos telefónicos móviles para acceder a información, contenidos, servicios o bienes, o el envío o la recepción de comunicaciones mediante tales dispositivos en el marco de la prestación de una actividad en un espacio digital, no implica la exclusión de las disposiciones de esta Ley.

- Los servicios de radiodifusión televisiva. Sin embargo, el uso de aparatos receptores de televisión para acceder a información, contenidos, servicios o bienes, o el envío o la recepción de comunicaciones mediante tales aparatos en el marco de la prestación de una actividad en un espacio digital, no implica la exclusión de las disposiciones de esta Ley.

- Los servicios de radiodifusión sonora.

- El teletexto televisivo y los servicios equivalentes.

b) "Operador": toda persona física o jurídica que desarrolle su actividad económica, sea empresarial o profesional, en un espacio digital.

c) "Destinatario de una actividad desarrollada en un espacio digital" o sencillamente "destinatario": persona física o jurídica que accede al espacio digital de un operador para adquirir, contratar o utilizar información, contenidos, servicios o bienes, independientemente que sea o no con fines empresariales o profesionales. Algunas veces el destinatario puede ser otro operador. Se considera que el destinatario es un consumidor cuando, de conformidad con la legislación de protección del consumidor, actúe en el marco de las relaciones de consumo en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional.

d) "Servicios de intermediación": servicios prestados en un espacio digital con el fin de facilitar la prestación de otro servicio, de proporcionar visibilidad a contenidos o actividades de otros operadores, o de dar acceso a sus destinatarios.

e) "Prestador de servicios de intermediación": el operador que desarrolle una actividad en un espacio digital y que consista en la prestación de servicios de intermediación.

f) "Comunicación electrónica": información, en soporte digital, generada, emitida, recibida, procesada o archivada por medios electrónicos, digitales, magnéticos, ópticos o similares.

g) "Comunicación comercial": comunicación que tiene la finalidad de promover, de forma directa o indirecta, la imagen, los bienes o los servicios de una persona, física o jurídica, que realice una actividad empresarial o profesional.

A los efectos de esta Ley, no tienen la consideración de "comunicación comercial" los datos que sean simplemente relativas a la dirección de la persona física o jurídica que desarrolla la actividad empresarial o profesional, o las que permitan al destinatario localizar el operador o acceder a sus contenidos, en sus servicios o sus bienes en un espacio digital.

h) "Comunicación comercial electrónica": comunicación comercial hecha por medio de comunicaciones electrónicas remitidas al destinatario, o la que, por iniciativa del operador, sea accesible para el destinatario en un espacio digital, siempre que no responda a una solicitud expresa del mismo destinatario sobre la información específica del operador, su actividad, sus bienes o sus servicios. Se entiende también por "comunicación comercial electrónica" la remesa por iniciativa del operador, aunque esté personalizada, atendiendo a las circunstancias del destinatario, de su ubicación o de su dispositivo, o de cualquier otra circunstancia de la relación en que se 'ofrece o se debe hacer accesible la comunicación.

i) "Órgano competente": cualquier órgano judicial o administrativo que actúe en el ejercicio de competencias legalmente atribuidas.

artículo 3

Ámbito de aplicación

1. Esta ley es aplicable a los operadores establecidos en el Principado de Andorra y en las actividades que desarrollen.

Se entiende que un operador está establecido en el Principado de Andorra cuando el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios se encuentre en el territorio del Principado. A tal efecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la gestión administrativa y la dirección de los negocios de un operador están centralizadas en el territorio del Principado de Andorra cuando dicho operador tiene su residencia habitual o su domicilio registral en el Principado, o cuando se haya inscrito en el Registro de Sociedades o en otro registro público del Principado de Andorra en que sea necesaria la inscripción para adquirir la personalidad jurídica.

2. Asimismo, esta Ley es aplicable a los operadores residentes o domiciliados en otro estado siempre que hagan sus actividades a través de un establecimiento permanente situado en el Principado de Andorra.

Se considera que un operador actúa mediante un establecimiento permanente situado en el Principado de Andorra, cuando este operador dispone, de forma continuada o habitual, de instalaciones o de puestos de trabajo en el que realiza toda o parte de su actividad.

3. La utilización de medios tecnológicos situados en Andorra para prestar o acceder a la actividad desarrollada no sirve, por sí sola, como criterio para determinar el establecimiento en Andorra del operador.

artículo 4

servicios excluidos

1. Los servicios que se relacionan a continuación se rigen por su normativa específica:

a) Los prestados por notarios en el ejercicio de sus respectivas funciones públicas.

b) Los prestados por abogados y por procuradores en el ejercicio de sus funciones de representación y de defensa en juicio.

c) Los juegos de azar que impliquen apuestas de valor económico.

2. No obstante lo que determina el apartado anterior, esta ley se puede aplicar subsidiariamente en todo lo que no sea incompatible con la normativa específica.

artículo 5

No-autorización adicional

El desarrollo de una actividad económica en el espacio digital en Andorra no requiere una autorización adicional a la que, de conformidad con la legislación aplicable, corresponda al desarrollo de la actividad económica específica en cuestión. Si la actividad económica se desarrolla únicamente en el espacio digital, se requieren, en todo caso, las autorizaciones que, de conformidad con la legislación aplicable, correspondan al desarrollo de la actividad o de las actividades en cuestión.

Capítulo segundo. Obligaciones de los operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital

artículo 6

Identificación del operador e información básica

Los operadores deben poner a disposición del destinatario, en el mismo espacio digital en el que desarrollen la actividad, de forma visible, permanente, clara y gratuita, la información mínima:

a) La identificación y los datos de contacto del operador, incluyendo el nombre o denominación social, la residencia o el domicilio o, en su defecto, la dirección de su establecimiento permanente en el Principado de Andorra , así como cualquier dirección y dato de contacto que permita una comunicación directa y adecuada a la prestación de la actividad en el espacio digital.

b) Los datos registrales y de identificación fiscal que, de conformidad con la legislación aplicable, correspondan al operador ya su actividad.

c) La información relativa a cualquier autorización que el desarrollo de la actividad del operador pueda requerir, de conformidad con la legislación aplicable y, en este caso, los datos que identifiquen el órgano competente encargado de su supervisión.

d) En caso de que la actividad del operador implique el ejercicio de una profesión regulada, los datos del colegio profesional al que pertenezca el operador con su número de colegiado, el título académico o profesional que lo habilite, el estado que emitió el título y su reconocimiento u homologación cuando proceda, y el contenido de las normas profesionales aplicables o una remisión a estas normas.

e) Los códigos de conducta a los que esté adherido y los sellos acreditativos recibidos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

f) En caso de que el operador haga referencia a precios en su espacio digital, la información requerida por la normativa en materia de comercio.

g) Cualquier otra información adicional que exijan las normativas específicas aplicables al comercio en general oa una de las modalidades de venta, a la protección del consumidor o en la protección de datos personales, entre otros.

artículo 7

Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación

1. Cuando un órgano competente haya ordenado, en el ejercicio de las competencias que legalmente tenga atribuidas, se interrumpe o se suspenda el ejercicio de la actividad llevada a cabo por operadores a los que sea de aplicación esta Ley, que se retire una información determinada o unos contenidos provenientes de los operadores mencionados, o que se impida el acceso a tales actividades, información o contenidos desde el Principado de Andorra, y por ello fuera necesaria la colaboración de los prestadores de servicios de intermediación, el órgano en cuestión puede ordenar a los citados prestadores, siempre que queden sujetos a esta Ley, que suspendan el correspondiente servicio de intermediación utilizado para el ejercicio de la actividad o de la provisión de la información o de los contenidos de que se trate.

2. En la adopción y el cumplimiento de las medidas a las que se refiere el apartado anterior, hay que respetar, en todo caso, las normas, los procedimientos y garantías previstos en el ordenamiento jurídico, incluidos los que tengan por objeto proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a los datos personales, a la libertad de expresión oa la libertad de información, cuando estos derechos puedan resultar afectados.

3. En todos los casos en que la Constitución, las normas reguladoras de los respectivos derechos y libertades o las que resulten aplicables a las diversas materias, atribuyan competencia a los órganos jurisdiccionales de forma excluyente para intervenir en el ejercicio de actividades o de derechos , sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas previstas.

4. Las medidas a las que hace referencia este artículo serán objetivas, proporcionadas y no discriminatorias, y se adoptarán de forma cautelar o en ejecución de las resoluciones que se dicten, de conformidad con los procedimientos administrativos legalmente establecidos o los procedimientos previstos en la legislación procesal que corresponda.

artículo 8

Información de seguridad

Los operadores sujetos a esta Ley deben facilitar a los destinatarios, de forma visible, permanente, clara y gratuita, siempre que sea relevante y pertinente según el tipo de actividad prestada, información sobre:

a) Los diferentes medios de carácter técnico que permitan la restricción de las comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas.

b) Los certificados de seguridad actualizados que apliquen en relación con las transacciones de pago de los servicios o productos contratados en relación con sus actividades.

c) Las herramientas existentes para el filtrado y la restricción del acceso a determinada información, a contenidos o actividades no deseados, que puedan resultar nocivos para la juventud y la infancia, o, en general, contrarios a la moral o al orden público.

Capítulo tercero. Régimen de responsabilidad de los operadores y, en particular, de los prestadores de servicios de intermediación

artículo 9

Régimen general de responsabilidad de los operadores

1. Los operadores que desarrollan su actividad en un espacio digital están sujetos a las normas sobre responsabilidad penal, civil y administrativa que, con carácter general, establece el ordenamiento jurídico.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, para determinar la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos siguientes.

artículo 10

Inexistencia de una obligación general de supervisar

Los prestadores de servicios de intermediación no tienen la obligación general de supervisar las actividades, la información o los contenidos la prestación, uso o acceso de los cuales facilitan. Tampoco tienen la obligación de hacer búsquedas activas de hechos o circunstancias que revelen actividades o comportamientos ilícitos de destinatarios.

artículo 11

Régimen de responsabilidad de los intermediarios

1. Los prestadores de servicios de intermediación no son responsables de la actividad, la información o los contenidos de destinatarios a los que facilitan la prestación, el uso o el acceso, siempre que no tengan el control, ni tengan conocimiento de su ilicitud, de conformidad con el artículo 14.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entiende que los prestadores de servicios de intermediación, el servicio consista en proporcionar acceso a una red de telecomunicaciones o transmitir datos proporcionados por destinatarios, no tienen conocimiento ni control siempre que no los hayan generado o modificado ni hayan seleccionado los datos o los destinatarios.

No se considera que las actividades de manipulación y de almacenamiento de la información transmitida que tengan una finalidad estrictamente técnica impliquen la generación, la modificación o la selección de dicha información, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, siempre que su duración sea la que razonablemente requiera la ejecución de la actividad de manipulación o de almacenamiento de que se trate.

3. Se entiende que los prestadores de servicios de intermediación, la actividad consista en el almacenamiento automático, provisional y temporal de datos proporcionados por un destinatario, con la única finalidad de hacer más eficaz la transmisión ulterior de las datos mencionados a otros destinatarios que lo soliciten, no tienen conocimiento ni control del contenido de los datos que almacenan, siempre que no las modifiquen y cumplan las condiciones sobre el acceso, la actualización y el seguimiento, de conformidad con el artículo 12.

4. Los prestadores de servicios de intermediación la actividad consista alojar datos de destinatarios, a petición de estos últimos, no son responsables de la información o de los contenidos que almacenan o de la actividad que desarrollen los destinatarios, siempre que no tengan control, ni tengan conocimiento de su ilicitud, de conformidad con el artículo 14.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entenderá que el prestador de servicios de intermediación tiene control sobre la información almacenada si el destinatario a petición de quien se almacenan los datos actúa bajo la autoridad, el control y la dirección del prestador.

5. Los prestadores de servicios de intermediación que proporcionen instrumentos de búsqueda de información o de contenidos, de servicios de referenciación o que faciliten la localización, la presentación, el enlace o la visibilidad de la información o de los contenidos o de actividades de destinatarios, no son responsables de lo localizan, presentan o enlazan, siempre que no tengan el control, ni tengan conocimiento de su ilicitud, de conformidad con el artículo 14.

artículo 12

Condiciones relativas al almacenamiento automático, provisional y temporal de datos

A los efectos de lo previsto en el artículo 11.3, se entiende que los prestadores de servicios de intermediación la actividad consista en el almacenamiento automático, provisional y temporal de datos proporcionados por un destinatario, con el único fin de hacer más eficaz la transmisión ulterior de los datos en cuestión a otros destinatarios que lo soliciten, no tienen conocimiento ni control de su contenido siempre que:

a) Respeten las normas de acceso a la información o los contenidos establecidas por el destinatario del servicio del prestador de servicios de intermediación que proporciona esta información o estos contenidos.

b) Respeten las normas de actualización de la información o de los contenidos establecidas por el destinatario del servicio del prestador de servicios de intermediación que proporciona esta información o estos contenidos, o en su caso, las normas normalmente aceptadas y aplicadas en el sector.

c) No interfieran en la utilización de tecnología utilizada lícitamente por el destinatario del servicio del prestador de servicios de intermediación que proporciona la información o los contenidos para obtener datos sobre el uso de tales informaciones o contenidos, siempre que esta utilización se haga de conformidad con la legislación aplicable y sea compatible con los estándares de la industria aceptados ampliamente.

artículo 13

propiedad intelectual

1. Los prestadores de servicios de intermediación no son responsables, de conformidad con la normativa sobre propiedad intelectual, de la reproducción que implica el almacenamiento automático, provisional y temporal de datos proporcionados por un destinatario, con el único fin de hacer más eficaz la transmisión ulterior de tales datos a otros destinatarios que lo soliciten.

2. El servicio de intermediación estrictamente técnico dirigido a facilitar la localización de información o de contenidos, de acuerdo con una consulta específica del destinatario, no implica, por sí solo, la infracción de los derechos de propiedad intelectual en relación con la información o los contenidos referidos o presentados de manera razonable y suficiente con el único fin de ser localizados por el destinatario.

artículo 14

Conocimiento efectivo de la ilicitud

A los efectos de lo previsto en el artículo 11, se entiende que los prestadores de servicios de intermediación tienen conocimiento efectivo de una ilicitud en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de la información, los contenidos o de la actividad de destinatarios a los que facilitan la prestación, ordenado su retirada o haya imposibilitado el acceso a esta información, contenidos o actividad , o cuando este órgano competente haya declarado la existencia de una lesión proveniente de esta información, contenidos o actividad y el prestador de servicios de intermediación conociera la correspondiente resolución del órgano competente.

b) Cuando el prestador de servicios de intermediación tenga conocimiento de la ilicitud por motivo de un procedimiento de notificación, retirada y reposición de la información y de los contenidos o de la actividad que el prestador de servicios de intermediación se haya obligado a aplicar voluntariamente. Se entiende que el prestador de servicios de intermediación tiene conocimiento de la ilicitud si, en virtud de tal procedimiento:

Se identifica debidamente el titular de los derechos infringidos. 

Se identifican debidamente tanto los derechos cuya infracción se alegue como la supuesta infracción cometida. 

Se identifica suficientemente la información, el contenido o la actividad infractoras y su localización. 

Se proporcionan los datos que permitan identificar, en todo lo que sea posible, el titular de la información, del contenido o de la actividad infractora. 

c) Cuando, en virtud de un acuerdo previo con el destinatario, el prestador de servicios de intermediación controla la licitud de la información, los contenidos o de la actividad de otros destinatarios que utilizan el servicio, de conformidad con las instrucciones y los parámetros proporcionados previamente por el destinatario titular de los derechos infringidos. En estos supuestos, la responsabilidad del prestador de servicios de intermediación ante el destinatario titular de los derechos se regirá por lo previsto en el acuerdo.

artículo 15

Obligación de actuar

1. Sin perjuicio del cumplimiento de las medidas que ordenara un órgano competente, en cualquiera de los casos previstos en el artículo 14, los prestadores de servicios de intermediación que tengan conocimiento efectivo de la ilicitud deben actuar con diligencia para notificar al destinatario afectado la comunicación recibida, y en caso de que lo hayan establecido voluntariamente, aplicar medidas de retirada y, en su caso, proceder a la reposición.

A estos efectos, los prestadores de servicios de intermediación que se hayan obligado a aplicar voluntariamente un procedimiento de notificación, retirada y reposición de la información y de los contenidos o de la actividad deben informar a los destinatarios de las condiciones en que operan .

2. El prestador de servicios de intermediación sólo es responsable ante el notificando y del destinatario afectado por los daños que pudiera causar si ha actuado de manera negligente en relación con la notificación, la retirada o la reposición a la que se refiere el apartado anterior .

artículo 16

Procedimiento voluntario de notificación, de retirada y de reposición

A los efectos del procedimiento voluntario de notificación, retirada y reposición al que se hace referencia en el artículo 14.b), se entiende que el prestador de servicios de intermediación actúa de manera diligente si este procedimiento cumple con las siguientes condiciones:

a) El procedimiento de notificación, de retirada y de reposición es gratuito y está disponible de manera permanente.

El notificando que proporcione información falsa o inexacta, y que sea conocedor de esta falsedad o inexactitud, en alguno de los procedimientos indicados, es responsable de los daños que cause al prestador de servicios de intermediación que actúe confiando en la información proporcionada, y también de los daños que cause a cualquier otro tercero afectado.

b) El procedimiento de notificación permite al prestador de servicios de intermediación obtener, de manera razonable, la información prevista en el artículo 14.b). Sin embargo, no se puede exigir información tan concreta que haga prácticamente imposible, en condiciones razonables, la denuncia por parte del notificante.

En caso de que el notificante no proporcione la información referida en el artículo 14.b), el prestador de servicios de intermediación puede optar por requerir al notificando la información que necesite para que se la remita en un plazo razonable o para informar al notificando que no puede continuar con el procedimiento sin perjuicio de que el notificando el decida iniciar nuevamente.

Si el prestador de servicios de intermediación no recibe la información requerida en el plazo indicado, o con la información proporcionada no es suficiente para continuar con el procedimiento, no está obligado a atender la denuncia ni a continuar con el procedimiento.

c) El prestador de servicios de intermediación debe confirmar al notificando la recepción de su notificación y procederá a remitir con rapidez al destinatario afectado.

d) Si el prestador de servicios de intermediación estima, de conformidad con la notificación recibida y la información que contenga y que haya sido proporcionada por el notificante, que la infracción alegada es evidente, puede optar por retirar la información o los contenidos o impedir el acceso a los mismos oa la actividad en cuestión, siempre que haya enviado previamente la notificación al destinatario afectado.

Si el prestador de servicios de intermediación no considera la infracción evidente, o con la información disponible no puede valorar la existencia de una infracción, puede decidir no retirar o suspender el acceso notificando la decisión al notificante. El prestador de servicios de intermediación no será en ningún caso responsable ante el notificando por la decisión de no retirar la información o los contenidos o no impedir el acceso a las actividades en cuestión si ha actuado razonablemente.

Para la valoración de una posible infracción objeto de una notificación, se entenderá que el prestador de servicios de intermediación cuenta con los conocimientos y los recursos con los que deben contar razonablemente los profesionales y las empresas de su sector para llevar a cabo su actividad. A tales efectos, no se puede exigir al prestador de servicios de intermediación que para la valoración de una posible infracción objeto de una notificación recurra al asesoramiento de especialistas o tenga que llevar a cabo una particular tarea de análisis o estudio, dado que no está sometido a una obligación general de supervisar las actividades, la información o los contenidos la prestación, uso o acceso de los cuales facilitan.

El prestador de servicios de intermediación no es responsable ante el destinatario afectado por las medidas de retirada o de suspensión del acceso si ha actuado de manera razonable dada la información que tenía a su alcance en el momento de la decisión, de acuerdo con lo previsto en los párrafos anteriores, y siempre que haya comunicado con prontitud al destinatario afectado la notificación recibida y la medida prevista.

El prestador de servicios de intermediación también puede retirar la información o los contenidos o impedir el acceso a los mismos oa la actividad en cuestión si no dispone de datos de contacto del destinatario afectado que permitan el envío efectivo de una comunicación electrónica.

e) El destinatario afectado por la notificación puede responder a la notificación recibida, en un plazo razonable, oponiéndose a la denuncia.

Si el prestador de servicios de intermediación estima que las alegaciones del destinatario afectado son razonables, puede decidir reponer la información o los contenidos retirados, facilitar de nuevo el acceso o el acceso a la actividad en cuestión o, en caso de no haberlos retirado con anterioridad, mantener el acceso en las mismas condiciones. En todo caso, el prestador de servicios de intermediación debe informar con prontitud el notificando de la decisión adoptada.

El prestador de servicios de intermediación no está obligado a proceder a la retirada o la reposición, ni a investigar los hechos notificados, ni hacer una búsqueda de información adicional más allá de la información proporcionada por la parte notificando y el destinatario afectado por la notificación, de conformidad con el procedimiento habilidad de notificación, de retirada y de reposición en las condiciones establecidas en este artículo.

Para la valoración de las alegaciones del destinatario afectado, se entenderá que el prestador de servicios de intermediación cuenta con los conocimientos y los recursos con los que deben contar razonablemente los profesionales y las empresas de su sector para llevar a cabo su actividad. A tales efectos, no se puede exigir al prestador de servicios de intermediación que para la valoración de una posible infracción objeto de una notificación recurra al asesoramiento de especialistas o tenga que llevar a cabo una particular tarea de análisis o estudio, dado que no está sometido a una obligación general de supervisión de las actividades, la información o los contenidos la prestación, uso o acceso de los cuales facilitan.

El prestador de servicios de intermediación no será responsable en ningún caso ante el notificando si, de acuerdo con la información recibida, decide diligentemente no adoptar medidas de retirada o de suspensión del acceso, ni será responsable ante el destinatario afectado si decide razonablemente no adoptar medidas de reposición.

Capítulo cuarto. Comunicaciones comerciales electrónicas

artículo 17

Régimen jurídico de las comunicaciones comerciales electrónicas

Las comunicaciones comerciales electrónicas se rigen, además de por la presente Ley, por otras normativas que puedan resultar aplicables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.

Especialmente, es aplicable la legislación sobre protección de datos personales en todas las operaciones de tratamiento de datos vinculados al envío, la puesta a disposición y la personalización de las comunicaciones comerciales.

artículo 18

Obligaciones del operador en relación con las comunicaciones comerciales electrónicas

1. El operador debe asegurarse de que las comunicaciones comerciales electrónicas, en todo momento, se identifican claramente e inequívocamente como tales. A tal efecto, deben identificarse como comunicaciones comerciales con una expresión inequívoca, visible y adecuada a las características de la comunicación, del mensaje comercial y del dispositivo o dispositivos a los que vaya destinado, o desde los que se pueda acceder, a fin de garantizar que el carácter comercial de la comunicación se advierte claramente al destinatario.

Asimismo, el nombre de la persona física o jurídica en nombre de quien se hace la comunicación comercial electrónica debe ser, en todo momento, identificable de manera clara.

2. La comunicación comercial electrónica debe permitir que el destinatario acceda en las condiciones pactadas, o en condiciones razonables si no hubiera acuerdo previo, a la información, los contenidos o la actividad que ha solicitado. A tal efecto, la comunicación comercial electrónica debe indicar claramente la forma de deshabilitar y, en su caso, las condiciones de su prestación.

3. Endemés, la comunicación comercial electrónica debe permitir al destinatario acceder, directa o indirectamente, de forma fácil y sencilla, a las condiciones de la oferta, su duración o vigencia, la forma de solicitud o de acceso, y también a cualquier excepción o límite que resulte relevante.

Si la comunicación comercial se refiere a ofertas promocionales, concursos o juegos, se debe poder acceder directa o indirectamente, de manera fácil y sencilla, a las condiciones de participación.

artículo 19

Envío de comunicaciones comerciales electrónicas

1. El envío de comunicaciones comerciales electrónicas remitidas al destinatario por cualquier medio electrónico de comunicación que implique la recepción directa y personal del mensaje requiere el consentimiento previo del destinatario.

2. Si los datos de contacto del destinatario se han obtenido de manera lícita por parte del operador en el contexto de una relación comercial previa, el operador puede enviar comunicaciones comerciales utilizando estos datos de contacto, siempre que, en el momento de la recogida de los datos de contacto, haya dado la oportunidad al destinatario de rechazar el envío de comunicaciones comerciales, y las comunicaciones comerciales se refieran a bienes o servicios del mismo operador o, si se refieren a bienes o servicios de un tercero, se haya informado debidamente el destinatario y este último no se haya opuesto.

3. En cualquiera de los casos anteriores, el operador debe indicar sus datos de contacto al destinatario así como ofrecerle en todo momento un procedimiento fácil, sencillo y gratuito para oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales o para revocar libremente, en cualquier momento posterior, su consentimiento.

artículo 20

Dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos

1. En caso de que se utilicen dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos, el operador deberá facilitar al destinatario información clara, completa y en lugar visible sobre el uso y los fines de este dispositivo para que el destinatario pueda dar su consentimiento.

2. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior sobre la obligación de información del operador, se entiende también que la información proporcionada es completa si se estructura y se dispone en varios niveles o capas, siempre que sean fácilmente accesibles .

3. A los efectos de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, el consentimiento del destinatario se puede obtener de forma expresa o inferir de una acción del mismo destinatario, consciente y positiva, siempre que se le haya informado debidamente y con anterioridad del valor de la acción en cuestión como manifestación de su consentimiento, o mediante la configuración técnica de su dispositivo, de las funcionalidades del servicio o de las aplicaciones relevantes, siempre que la aceptación del destinatario requiera una acción positiva y que el operador informe de manera clara, comprensible y sencilla sobre cómo proceder en relación con esta acción y sobre su valor como manifestación del consentimiento.

4. No es necesario solicitar el consentimiento del destinatario, ni informar de su uso, en los supuestos en que el almacenamiento de datos o su acceso tenga una finalidad exclusivamente técnica, de seguridad o sean necesarias para la prestación del servicio solicitado por parte del destinatario. A efectos de determinar esta adecuación a los fines indicados, se debe tener especialmente en cuenta la duración del uso del dispositivo en relación con su finalidad.

5. En cualquier caso, el operador debe ofrecer al destinatario, en todo momento, un procedimiento fácil, sencillo y gratuito para revocar libremente su consentimiento.

Capítulo quinto. contratación electrónica

artículo 21

contratos electrónicos

1. Toda declaración o acto referido a la formación, la perfección, la administración, el cumplimiento y la extinción de los contratos puede efectuarse por medio de una comunicación electrónica entre las partes, y entre estas partes y terceros, a menos que haya una disposición legal expresa en contrario.

2. La utilización de comunicaciones electrónicas para la negociación, la formación, la perfección, la administración, el cumplimiento y la extinción de los contratos no requiere el acuerdo previo entre las partes.

3. Los contratos celebrados mediante comunicaciones electrónicas producen todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurren el consentimiento y los demás requisitos legalmente exigidos necesarios para su validez.

4. Las disposiciones de este capítulo se aplican con carácter general e independientemente de la finalidad económica, empresarial, profesional, personal o familiar de la transacción.

artículo 22

Forma del contrato

1. Siempre que la legislación aplicable exija que el contrato, o cualquier información que se relacione, conste por escrito, se entiende que se ha satisfecho este requisito si el contrato o la información figura en comunicaciones electrónicas y la información que contienen es accesible para que se pueda consultar posteriormente.

2. Si la legislación aplicable exige, para la validez de contratos, de negocios o de actos, o para la producción de determinados efectos, la forma documental pública, o requiere la intervención de órganos jurisdiccionales, de notarios o de autoridades públicas, se debe cumplir lo que disponga la legislación específica que corresponda.

artículo 23

Régimen jurídico de los procedimientos electrónicos de contratación

1. Los contratos, suscritos por cualquier procedimiento electrónico de contratación, se regirán por lo pacten las partes, por lo previsto en esta Ley y por cualquier otra legislación aplicable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.

2. Los contratos pactados a través de, con, o total o parcialmente entre sistemas electrónicos automatizados de contratación, tienen plena validez y eficacia. Los derechos y las obligaciones que derivan de estos contratos son atribuidos directamente a la persona, identificada como parte en el contrato, en la esfera de control de la que se encuentre el sistema automatizado.

3. Se entiende por "sistema electrónico automatizado" lo que efectúa, sin necesidad de que haya intervención humana, una o más acciones o funciones específicas de acuerdo con un conjunto de instrucciones o de normas previamente establecidas y en respuesta a la interacción de un destinatario o de otro sistema automatizado.

artículo 24

Régimen jurídico de la contratación automatizada con destinatarios consumidores

1. Las disposiciones previstas en el artículo 25 se aplican a los procedimientos electrónicos de contratación que se desarrollen a través de un sistema electrónico automatizado de contratación, en un espacio digital organizado y gestionado por el operador, para formalizar contratos con destinatarios consumidores .

2. Las disposiciones previstas en el artículo 25 no se aplicarán a los procedimientos electrónicos de contratación que impliquen el intercambio de comunicaciones electrónicas de forma personal e individualizada entre sistemas de comunicación que se encuentren respectivamente bajo la esfera de control del emisor y del destinatario de la comunicación.

artículo 25

Procedimientos electrónicos de contratación por medio de sistemas automatizados en contratos con destinatarios consumidores

Cuando el procedimiento electrónico de contratación se desarrolle a través de un sistema electrónico automatizado de contratación en un espacio digital organizado y gestionado por el operador, en caso de contratos con destinatarios consumidores, el operador tiene la obligación de:

1. Proporcionar, antes de iniciar el procedimiento de contratación, y de forma clara, permanente, gratuita y adecuada al procedimiento electrónico de contratación utilizado, y el dispositivo desde el que se pueda acceder, información comprensible e inequívoca sobre las fases del procedimiento de contratación, el modo de manifestar la aceptación, la perfección del contrato, la lengua o lenguas en que puede seguirse el procedimiento y perfeccionarse el contrato, y en su caso, el coste adicional que podría implicar la utilización del sistema electrónico, sin perjuicio de cualquier otra información exigida por la legislación específica en materia de protección del consumidor, en materia de comercio o en cualquier otra materia que pudiera resultar aplicable.

2. Poner a disposición del destinatario consumidor las condiciones generales que, en su caso, serían aplicables al contrato, de forma que pueda acceder a lo largo de todo el procedimiento de contratación y las pueda almacenar en cualquier soporte, por si quiere volver a acceder posteriormente.

Sin perjuicio de la obligación anterior de puesta a disposición, el operador deberá facilitar al destinatario consumidor la identificación de las condiciones más relevantes y la comprensión de su contenido de cualquier forma que sea adecuada a las circunstancias de la transacción.

3. Habilitar un sistema de detección y de corrección de errores disponible a lo largo del proceso de contratación y antes de la perfección del contrato.

4. Habilitar un sistema de confirmación de la perfección del contrato, por lo que la confirmación se haga accesible cuando finalice el procedimiento de contratación en el mismo espacio digital, o se remita o se haga accesible por otros medios de forma personal e individualizada, en el antes posible y siempre que el destinatario de la confirmación haya proporcionado los datos para tal envío o bien disponga de los datos para acceder a la confirmación mencionada de forma personal e individualizada. En cualquier caso, la confirmación debe permitir que el destinatario la tenga disponible en un soporte adecuado para acceder posteriormente.

En todo lo no previsto en este artículo, y siempre que no sea incompatible con lo que se dispone, se aplican las disposiciones de los artículos siguientes en cuanto a los procedimientos de contratación que aquí se regulan.

artículo 26

Invitación a hacer ofertas y oferta de contrato

1. Se considera "invitación a hacer una oferta de contrato" la propuesta de formalizar un contrato, efectuada por un medio de comunicación electrónico dirigida a una o más personas indeterminadas, o accesible al público en general oa varias personas indeterminadas por medios electrónicos.

2. La propuesta de celebrar un contrato, efectuada por medio de una comunicación electrónica dirigida a una o varias personas determinadas, constituye una oferta si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar obligado por esta oferta en caso de que sea aceptada.

3. No obstante lo que figura en los dos apartados anteriores, en caso de propuestas efectuadas por medio de comunicaciones electrónicas o accesibles por medios electrónicos en relaciones de consumo, se aplica la normativa específica en materia de protección del consumidor.

artículo 27

Vigencia de las invitaciones y de las ofertas

Sin perjuicio de lo que establezca la legislación específica que pudiera resultar aplicable, las invitaciones a hacer ofertas y las ofertas realizadas por medio de comunicaciones electrónicas son vigentes durante el período que fije quien las efectúe o, en su defecto, durante el tiempo que sean accesibles a sus destinatarios.

artículo 28

Formas de aceptación

1. Los contratos se perfeccionan mediante la aceptación de una oferta.

2. La oferta puede aceptarse de forma expresa o por medio de la realización de un acto o de una conducta que exprese suficientemente asentimiento y manifieste la intención de aceptarla. Para determinar si un acto o una conducta demuestran suficientemente la intención de aceptar, se debe tener en cuenta lo indicado en la oferta, los usos y las prácticas habituales entre las partes. El silencio o la inacción no significan por sí solos aceptación.

3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, en el caso de contratos celebrados con destinatarios consumidores, prevalece, en su caso, lo establecido en la legislación en materia de protección del consumidor.

artículo 29

Momento de perfección del contrato

La aceptación de la oferta tiene efecto en el momento en que, una vez el emisor ha hecho todas las acciones que razonablemente le corresponden por remitir la aceptación, o una vez ha ejecutado el acto o la conducta dirigida a aceptar, el destinatario pueda conocer la aceptación en condiciones adecuadas a las circunstancias de la transacción, el procedimiento de contratación, los usos y las prácticas entre las partes.

artículo 30

Acuse de recibo

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25, el emisor de cualquier comunicación electrónica emitida en el marco o en relación con un contrato, puede solicitar de su destinatario un acuse de recibo de la comunicación. Cuando reciba esta solicitud, el destinatario debe acusar recibo de la comunicación sin demora.

artículo 31

Prueba del documento y firma electrónicos

1. Las comunicaciones electrónicas, siempre que permitan acceder posteriormente a su contenido, tienen la consideración de documentos y tienen el efecto probatorio que, como tales, les corresponda, de conformidad con la legislación que resulte aplicable en materia procesal y en materia de servicios de confianza electrónica.

2. Toda comunicación electrónica emitida con fines negociales debe poder atribuir a su emisor. A tal efecto, a menos que haya una disposición o pacto en contrario, se puede utilizar una firma electrónica adecuada a las finalidades buscadas ya las circunstancias del caso.

artículo 32

condiciones generales

La comunicación electrónica que tenga por objetivo perfeccionar un contrato que pretenda contener condiciones generales, debe incluirlas en toda su extensión, incorporarlas mediante una referencia, de tal forma que sean accesibles en un soporte adecuado, o efectuar la mera remisión en caso de condiciones ampliamente conocidas y regularmente observadas en el tráfico considerado, ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25. en estos dos últimos supuestos, tanto la referencia como la mera remisión se deben hacer en la forma y en las condiciones adecuadas a las características del procedimiento de contratación en que se pretenda perfeccionar el contrato. Además, las condiciones generales serán accesibles a las partes, las cuales han de poder recuperarlas en todo momento durante la vigencia del contrato.

En todo caso, la incorporación, la interpretación y la validez de las condiciones generales se rigen por su legislación específica, en función de la materia contractual en cuestión y, cuando sea aplicable, por la normativa de protección del consumidor.

artículo 33

Ley aplicable

En defecto de pacto entre las partes, la ley aplicable a los contratos electrónicos, se determina de acuerdo con lo dispuesto en las normas de derecho internacional privado que resulten aplicables.

En caso de contratos electrónicos con destinatarios consumidores, se aplica la ley del país donde el consumidor tenga su residencia habitual, siempre que el operador realice sus actividades en dicho país o dirija sus actividades, y el contrato electrónico en cuestión se refiera a estas actividades. Las partes también pueden acordar que estos contratos electrónicos se rijan por otra ley, siempre que esta ley ofrezca como mínimo el mismo nivel de protección a los consumidores que la legislación del Principado de Andorra en la materia.

artículo 34

factura electrónica

La factura emitida por medio de una comunicación electrónica tiene los mismos efectos que la emitida en un documento en papel, siempre que sea conforme a los requisitos establecidos en la legislación aplicable en materia de facturación.

artículo 35

Cambio de apoyo

1. Las partes podrán convenir en todo momento el cambio de soporte de papel por un soporte digital y viceversa, a menos que haya una disposición legal en contrario.

2. En el caso de contratos con destinatarios consumidores, si la cláusula que permite que el operador proceda a un cambio de soporte está incluida en las condiciones generales del contrato, requiere la aceptación expresa del adherente.

artículo 36

Resolución extrajudicial de conflictos y prestación de servicios de resolución extrajudicial de conflictos en línea

1. Las partes podrán someter sus conflictos en relación con cualquier transacción en procedimientos de resolución extrajudicial de controversias, de conformidad con la legislación vigente en cada momento en materia de mediación, conciliación o arbitraje, y la legislación de protección del consumidor.

2. Del mismo modo, las partes podrán someter sus conflictos a los procedimientos de negociación, asistida o automatizada, y de resolución extrajudicial de conflictos, que se instauran mediante acuerdo entre las partes, de códigos de conducta o de otros instrumentos de autorregulación, sin perjuicio de lo previsto en la legislación de protección del consumidor.

3. En los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos a los que se refieren los apartados anteriores, se pueden emplear medios electrónicos en los términos establecidos en esta Ley, y con los efectos que reconozca la legislación específica relativa al medio de resolución de conflictos utilizado.

4. Se denominan "servicios de resolución extrajudicial de conflictos en línea" todos los servicios de resolución extrajudicial de controversias que se desarrollan por medios electrónicos y en soporte digital.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se entiende por "prestador de servicios de resolución extrajudicial de conflictos en línea" el operador que proporciona y administra la plataforma electrónica a través de la cual se desarrolla el procedimiento de resolución de conflictos, y facilita a las partes y al tercero neutral los servicios necesarios para desarrollar las actuaciones.

5. El prestador de servicios de resolución extrajudicial de conflictos en línea y el tercero neutral están sujetos a las disposiciones de esta Ley y, en todo lo que sea aplicable, a la legislación específica relativa al sistema de resolución de conflictos utilizado.

Se entiende por "tercero neutral" toda persona que preste asistencia a las partes en conflicto, ya sea facilitando que lleguen a una resolución de la controversia, ya sea emitiendo una decisión sobre esta controversia.

artículo 37

Códigos de conducta, sellos de garantía y otros instrumentos de autorregulación

1. Las asociaciones, las corporaciones y las organizaciones profesionales, comerciales y de consumidores, así como los operadores individual o colectivamente, pueden adoptar voluntariamente códigos de conducta relativos a materias reguladas en esta Ley. En relación con las materias de consumo, también está sujeto a lo previsto en la legislación en materia de protección del consumidor.

2. Las asociaciones, las corporaciones y las organizaciones profesionales, comerciales y de consumidores que proporcionen un servicio de acreditación de operadores en relación con la adhesión y el cumplimiento de un código de conducta, o emitan sellos acreditativos del cumplimiento de determinados estándares, de normas de conducta o de buenas prácticas, deben informar permanentemente, de forma completa y actualizada, del contenido de los estándares, los códigos de conducta o de las buenas prácticas de los que se acredita el cumplimiento y del procedimiento de revisión y de acreditación.

3. Los operadores que adopten o se adhieran a un código de conducta o hayan recibido un sello acreditativo de los mencionados en el apartado anterior deberán facilitar a los destinatarios, en todo momento, información completa y acceso al contenido del código de estándares, de las normas de conducta o de las buenas prácticas, a los datos de la entidad formuladora y supervisora ​​del cumplimiento y de la entidad acreditativa, en su caso.

4. De conformidad con la normativa sobre defensa de la competencia, competencia desleal y protección del consumidor, se consideran engañosas las prácticas comerciales que consistan en afirmar, sin que sea cierto, que el operador ha adherido a un código de conducta, o que ha recibido la acreditación de un determinado organismo o entidad, o exhibir un sello acreditativo de calidad que no le haya sido efectivamente concedido.

artículo 38

Acciones en materia de protección del consumidor

Contra el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley para las relaciones con destinatarios consumidores, pueden ejercitarse las acciones previstas en la legislación en materia de protección del consumidor.

Capítulo sexto. Infracciones y sanciones

artículo 39

responsabilidad

El incumplimiento por parte de los operadores de las obligaciones previstas en esta Ley en todo lo referente al ejercicio de su actividad en un espacio digital, da lugar a responsabilidad administrativa, y también, en su caso, a la responsabilidad penal o civil que se pueda derivar.

Los operadores están sujetos al régimen sancionador establecido en este capítulo cuando esta Ley les sea aplicable.

artículo 40

órgano competente

1. El órgano competente para incoar y resolver los expedientes sancionadores es el ministerio titular de economía.

2. La incoación y la resolución del expediente sancionador correspondiente se efectúa de conformidad con las disposiciones en materia de procedimiento administrativo sancionador.

artículo 41

infracciones

1. Las infracciones de los preceptos de esta Ley se califican como muy graves, graves y leves.

2. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de la obligación de suspender la prestación de un servicio de intermediación ordenado por un órgano competente, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.

b) La comisión simultánea y reiterada de varias infracciones graves.

3. Son infracciones graves:

a) El incumplimiento significativo de lo que dispone el artículo 6.a), en relación con la información identificativa básica del operador.

b) El incumplimiento significativo y sistemático de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 18, en relación con las comunicaciones comerciales electrónicas.

c) El envío sistemático y masivo de comunicaciones comerciales electrónicas que no cumplan con las condiciones previstas en el artículo 19.

d) No poner a disposición del destinatario un procedimiento para oponerse al tratamiento de sus datos o para revocar su consentimiento en las condiciones previstas en el artículo 18 o los efectos del artículo 19.

e) Utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos sin facilitar la información ni requerir el consentimiento del destinatario según lo previsto en el artículo 20.

f) El incumplimiento significativo de las obligaciones previstas en el artículo 25 en relación con los procedimientos automatizados de contratación con destinatarios consumidores.

4. Son infracciones leves:

a) No proporcionar la información prescrita en el artículo 6, cuando no constituya infracción grave.

b) El incumplimiento significativo de la obligación de facilitar la información sobre seguridad, establecida en el artículo 8.

c) El incumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 18, en relación con las comunicaciones comerciales electrónicas, cuando no constituyan una infracción grave.

d) El envío de comunicaciones comerciales electrónicas sin cumplir con las condiciones previstas en el artículo 19, cuando no constituya una infracción grave.

artículo 42

sanciones

1. Por la comisión de las infracciones recogidas en el artículo 41, se imponen las sanciones siguientes:

a) Para las infracciones muy graves, multa de 10.000 a 100.000 euros.

La comisión reincidente de infracciones muy graves, y en caso de que concurran circunstancias especialmente graves, puede dar lugar a la sanción de prohibición de actuación del operador en Andorra durante un plazo máximo de dos años.

b) Para las infracciones graves, multa de 2.000 a 10.000 euros.

c) Para las infracciones leves, multa de hasta 2.000 euros.

2. La comisión de una infracción no puede conllevar un beneficio económico para el infractor, por lo que, si la suma de la sanción impuesta y el coste de las acciones que eventualmente deba adoptar el operador para remediar a los efectos de la infracción fuese inferior al beneficio resultante de la infracción, la multa puede incrementarse hasta el importe de los beneficios obtenidos de manera ilícita.

3. Las infracciones graves y muy graves pueden, además, conllevar la publicación de la resolución sancionadora firme. El coste de la publicación es a cargo del sancionado.

artículo 43

Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años a contar del día en que cesa la acción o la omisión sancionable.

2. Las infracciones graves prescriben a los dos años a contar del día en que cesa la acción u omisión sancionable.

3. Las infracciones leves prescriben al cabo de un año a contar del día en que cesa la acción u omisión sancionable.

4. El inicio de la actuación inspectora suspende el plazo de prescripción.

artículo 44

Medidas de carácter provisional

1. En los procedimientos sancionadores por infracciones muy graves o graves se pueden adoptar, en las condiciones previstas en este artículo y, en su caso, de conformidad con la legislación administrativa vigente en cada momento, las medidas de carácter provisional, previstas en las normas, que se estimen necesarias a fin de garantizar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, que se evite el mantenimiento de los efectos de la infracción, y la consideración de los intereses generales.

En particular, se pueden acordar las medidas provisionales:

a) Suspensión temporal de la actividad del operador y, en su caso, cierre provisional de su establecimiento.

b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos digitales, y de documentos en general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.

c) Advertencia a los destinatarios de la actividad del operador de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas.

2. En todo caso, se respeta el principio de proporcionalidad de la medida que se tenga que adoptar con los objetivos que se pretendan alcanzar en cada caso. No se pueden adoptar medidas de carácter provisional que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados ​​o que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.

3. Una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para incoar y resolver los expedientes sancionadores, es decir, el ministerio titular de economía, puede adoptar, de oficio oa instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para los fines previstos en el apartado 1 de este artículo, si hay elementos de juicio suficientes para ello.

4. En casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas de carácter provisional previstas en este artículo podrán ser acordadas antes de la iniciación del expediente sancionador. Las medidas deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción.

En todo caso, estas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en el plazo establecido en el párrafo anterior o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso sobre las medidas.

5. Las medidas provisionales pueden ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio oa instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

artículo 45

Graduación de las sanciones

La cuantía de las multas que se impongan de conformidad con esta Ley se graduará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.

b) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

c) La naturaleza y la cuantía de los perjuicios causados.

d) Los beneficios obtenidos por la infracción.

artículo 46

Moderación de las sanciones

El órgano competente para incoar y resolver los expedientes sancionadores aplica las sanciones correspondientes a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella a la que corresponde la infracción cometida por el operador y sancionada cuando concurra alguno de los supuestos siguientes:

a) Cuando el infractor haya regularizado la situación irregular de forma diligente.

b) Cuando la naturaleza y la cuantía de los perjuicios causados ​​sean de poca relevancia y los beneficios obtenidos por la infracción sean inexistentes o significativamente reducidos.

c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha contribuido o ha inducido a la comisión de la infracción.

artículo 47

advertencia

1. El órgano competente para incoar y resolver los expedientes sancionadores puede no acordar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, advertir al infractor con el fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que, en cada caso, resulten pertinentes, siempre que concurran los siguientes puntos:

a) Que los hechos sean constitutivos de infracción leve o grave, de conformidad con esta ley.

b) Que el infractor no haya sido sancionado o advertido con anterioridad en relación con algunas de las infracciones previstas en esta Ley.

c) Que concurran algunos de los criterios para la moderación de la sanción establecidos en el artículo 46.

2. Si la advertencia para la acreditación de la adopción de las medidas correctoras no fuera atendida en el plazo indicado por el órgano competente, se procede a la apertura del procedimiento sancionador por el incumplimiento.

artículo 48

Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescriben a los tres años a contar de la fecha de notificación de la resolución sancionadora firme.

2. Las sanciones impuestas por infracciones graves prescriben a los dos años a contar de la fecha de notificación de la resolución sancionadora firme.

3. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al cabo de un año a contar de la fecha de notificación de la resolución sancionadora firme.

artículo 49

recursos

Contra las resoluciones dictadas por el órgano competente para incoar y resolver los expedientes sancionadores, es decir, el ministerio titular de economía, y para adoptar medidas de carácter provisional, se puede interponer recurso de acuerdo con lo que disponga la normativa en materia de recursos administrativos vigente en cada momento.

Disposición transitoria. Plazo de adaptación

Los operadores que ya estén desarrollando una actividad en el espacio digital a la fecha de entrada en vigor de esta Ley disponen de un plazo de 6 meses a contar desde la fecha mencionada para adaptarse a las disposiciones de esta Ley.

Disposición final. Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de ser publicada en el Boletín Oficial del Principado de Andorra.

Casa del Valle, 16 de octubre de 2014

Vicenç Mateu Zamora

síndico General

Nosotros los copríncipes la sancionamos y promulgamos y ordenamos la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra.

Joan Enric Vives Sicilia François Hollande

Obispo de Urgell Presidente de la

República Francesa

Copríncipe de Andorra Copríncipe de Andorra

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Any 26 Núm. 65 (12 de novembre de 2014)

Consell General

Lleis

 

Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital

Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 d’octubre del 2014 ha aprovat la següent:

llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital

Exposició de motius

El creixement social i econòmic del Principat d’Andorra i dels països del seu entorn depèn de forma cada vegada més substancial i determinant de sectors vinculats a l’espai digital, perquè tots els àmbits de l’activitat social i econòmica es desenvolupen cada cop amb més freqüència, extensió i intensitat en aquest espai. Una regulació previsible i adaptada a l’evolució de l’estat de la tècnica, dels hàbits i les pràctiques socials, i de les estratègies empresarials que no negligeixi la deguda protecció dels drets i dels interessos en joc, és un element essencial per aportar certesa i generar confiança en l’espai digital. Aquesta seria la manera d’afavorir el teixit empresarial i la localització d’empreses innovadores al país, d’atraure la inversió estrangera, d’impulsar la innovació i la creativitat, i de facilitar els intercanvis econòmics i la interacció social.

El desenvolupament de la normativa, tant internacional com regional o nacional, sobre la contractació electrònica i les altres matèries relacionades amb el desenvolupament de l’activitat en l’espai digital, ofereix avui experiències consolidades i referències molt útils per elaborar una legislació equilibrada i completa. Per això, la legislació del Principat d’Andorra ha de tenir lògicament en compte els ordenaments jurídics dels països del seu entorn i dels països amb els quals estableix relacions socioeconòmiques i empresarials. Això converteix la normativa comunitària i la dels estats membres de la Unió Europea en un referent lògic i obligat. A més a més, l’aprovació d’aquesta Llei reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital constitueix una ocasió excel·lent per incorporar els avenços jurisprudencials i doctrinals, i per apuntalar la base substantiva amb els principis fonamentals del dret internacional sobre aquesta matèria.

Així, aquesta Llei s’inspira en principis i en regles que s’han contrastat i aporta solucions innovadores en les qüestions que la pràctica ha palesat com a més incertes, conflictives o no prou cobertes amb les normes existents. La innovació s’efectua tant en l’ús de conceptes més adaptats a la realitat tècnica, social o empresarial del moment, com en la perfecció d’algunes regles o en la incorporació de noves solucions.

La Llei s’estructura en sis capítols. El capítol primer conté les disposicions generals referides a l’objecte de la Llei i les definicions principals dels termes utilitzats en l’articulat i el seu àmbit d’aplicació. El capítol segon estableix les obligacions dels operadors. El capítol tercer es dedica al règim de responsabilitat dels operadors i, en particular, dels prestadors de serveis d’intermediació. El capítol quart es dedica íntegrament al règim de les comunicacions comercials electròniques. El capítol cinquè està dedicat a la contractació electrònica i conté, a més a més, disposicions relatives a la resolució extrajudicial de conflictes i el recurs a instruments d’autoregulació, codis de conducta i segells de garantia. Finalment, en el capítol sisè s’estableix un règim sancionador per als operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital, proporcionat, eficaç i adreçat a dissuadir l’incompliment de les disposicions d’aquesta Llei.

L’objecte d’aquesta Llei és establir un marc jurídic bàsic per al desenvolupament d’activitats econòmiques en un espai digital i per a la contractació electrònica, en particular, quant a les comunicacions comercials electròniques, al procés de formació i de perfecció dels contractes, i a les condicions per a la seva validesa i eficàcia.

D’altra banda, aquesta Llei no ha de concebre’s com una llei sectorial que regula una activitat independent i estanca. Ans al contrari, respon a una iniciativa normativa transversal que regula, en realitat, l’actuació dels operadors en un espai, l’espai digital, on concorren activitats i relacions comercials i socials de natura i d’entitat molt diverses, i cada cop més preponderants. Per això, aquesta Llei ha d’aplicar-se en combinació amb altres normatives vigents al Principat d’Andorra que tractin matèries connexes o col·laterals com ara, entre d’altres: normes processals; contractuals; fiscals; de serveis de confiança electrònica; de defensa de la competència, competència deslleial i protecció del consumidor; de propietat intel·lectual i industrial; i de protecció de les dades personals.

La delimitació de l’objecte de la Llei en l’article 1 incorpora un concepte innovador per descriure l’activitat regulada i els subjectes que la desenvolupen.

Amb l’expressió “operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital” se substitueix i, sobretot, s’amplia el concepte de “prestadors de serveis de la societat de la informació” que vertebra la normativa comunitària. L’ús d’aquesta darrera expressió s’ha rebutjat per dos motius principals. En primer lloc, l’activitat en la xarxa no consisteix únicament en la prestació de serveis. En segon lloc, la referència a “serveis de la societat de la informació” és una expressió aliena a la terminologia més comunament utilitzada. Un lloc web, un blog, un portal, una plataforma, una aplicació o una xarxa social són espais digitals gestionats per operadors. L’operador que desenvolupa la seva activitat en la xarxa crea un espai en què desenvolupa la seva activitat i interactua amb els usuaris. Aquest espai digital resulta de la combinació de mitjans electrònics de comunicació i de suport digital. L’usuari, per tant, no consulta un lloc web com si es tractés d’una pàgina d’un llibre, sinó que accedeix a un espai, un espai digital, gestionat per l’operador perquè s’utilitzin els seus serveis, s’accedeixi als seus continguts o s’adquireixin els seus productes. Aquesta perspectiva espacial és cabdal per assegurar que les solucions d’aquesta Llei són adequades i prou dinàmiques per evitar l’obsolescència en el temps.

La percepció espacial de l’activitat es reflecteix en la resta de definicions de l’article 2 i en totes les regles contingudes en les disposicions de la Llei.

L’àmbit d’aplicació de la Llei es defineix en el capítol primer. En virtut de l’article 3, la Llei és aplicable als operadors establerts al Principat d’Andorra i a les activitats que desenvolupin. S’entén que un operador està establert al Principat d’Andorra quan el lloc en què estiguin efectivament centralitzades la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis es trobi en territori del Principat, que es presumeix que és el lloc de residència habitual, de domicili o d’inscripció registral. En cas d’operadors residents o domiciliats en un altre estat, la Llei és aplicable quan aquestes persones desenvolupin les seves activitats a través d’un establiment permanent al Principat d’Andorra. Es considera que un operador actua mitjançant un establiment permanent situat al Principat d’Andorra, quan aquest operador disposa, de forma continuada o habitual, d’instal·lacions o de llocs de treball en què realitza tota o una part de la seva activitat. En aquest cas, la Llei precisa que no és determinant la mera utilització de mitjans tecnològics situats al país. D’aquesta manera, s’aconsegueix un marc jurídic d’aplicació previsible que atorga una àmplia protecció a les parts.

Des del punt de vista objectiu, la Llei abasta la prestació de qualsevol activitat econòmica en la mesura que es desenvolupi en un espai digital. En l’article 5 s’estableix que aquest exercici, a més a més, no requereix una autorització prèvia, sense perjudici del règim d’autoritzacions que, si escau, correspongui al desenvolupament de l’activitat específica en si.

El capítol segon estableix les obligacions dels operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital.

La necessitat de generar confiança en les relacions que s’estableixen en un espai digital exigeix assegurar un alt nivell de certesa sobre els elements bàsics de la transacció i incrementar la transparència mitjançant obligacions d’informació. Tot operador que desenvolupi activitats en un espai digital ha de complir amb l’obligació de facilitar informació als seus destinataris relativa a la seva identificació i a altres dades bàsiques que conté l’article 6. L’operador ha de proporcionar aquesta informació de forma visible, permanent, clara i gratuïta, i de manera adequada a l’espai digital en què es desenvolupa l’activitat.

A aquesta obligació d’informació sobre dades essencials s’hi afegeix igualment, en l’article 8, el deure d’informar sobre els aspectes relacionats amb la seguretat.

En relació amb els prestadors de serveis d’intermediació, en l’article 7 es recull la previsió que els òrgans competents puguin ordenar, en l’exercici de les seves competències, la interrupció, la suspensió o la retirada d’un contingut o d’una activitat determinats, de manera que es compti amb la col·laboració dels operadors que prestin el corresponent servei d’intermediació.

El capítol tercer estableix el règim de responsabilitat dels operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital i, en particular, dels prestadors de serveis d’intermediació.

El règim de responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació és una de les qüestions que requereixen més atenció, perquè representa una peça clau en el desenvolupament normal de les activitats en l’espai digital i de l’expansió de la contractació electrònica.

Amb l’objectiu d’oferir un model més complet, modern i desenvolupat, s’ha adoptat una estructura més sistemàtica i en línia amb la normativa, els informes i els documents de consulta i la jurisprudència europeus i d’altres jurisdiccions especialment actives. Es defineix un concepte obert de “prestador de serveis d’intermediació” que permeti la seva evolució davant del progrés de l’estat de la tècnica i dels models de negoci; s’estableixen expressament regles relatives a l’obtenció de coneixement efectiu de la il·licitud pel prestador; es detalla un procediment voluntari de notificació, retirada i reposició; i s’estableixen regles clares sobre el repartiment i l’atribució de responsabilitats entre l’operador, el destinatari afectat i el notificant al llarg de tot el procés voluntari de notificació, retirada i, si escau, reposició.

El capítol quart es dedica al règim de les comunicacions comercials electròniques.

Davant les noves estratègies de publicitat digital, cal, en primer lloc, depurar el concepte de “comunicació comercial electrònica”, d’una banda, per diferenciar-lo de simples dades de localització digital de l’operador, i, d’altra banda, per incorporar el fenomen creixent de la personalització i cobrir els supòsits basats en esquemes d’accessibilitat a la informació i no només de la tramesa o de la remissió de les comunicacions comercials. Igualment, es regula de forma equilibrada la utilització de dispositius d’emmagatzemament i de recuperació de dades (cookies) en totes les seves modalitats.

El capítol cinquè conté disposicions generals sobre el procés de negociació, de formació i de perfecció del contracte mitjançant comunicacions electròniques i disposicions específiques sobre els procediments de contractació automatitzats i amb consumidors. Es defineixen amb claredat, seguint la línia dels instruments internacionals uniformes, els conceptes d’“oferta” i d’“invitació a fer ofertes” i es precisen, en general, i per a un espai digital, les formes de manifestar l’acceptació. Igualment, s’ofereix una regulació simplificada i comprensiva del moment de perfecció del contracte, aplicable a tots els entorns i escenaris de contractació.

El capítol cinquè inclou, a més a més, dos disposicions rellevants. D’una banda, la previsió que les parts decideixin sotmetre els seus conflictes a procediments de resolució extrajudicial de controvèrsies i, en particular, la possibilitat que s’entaulin i es desenvolupin per mitjans electrònics. D’altra banda, la feina, l’adopció o l’adhesió dels operadors a codis de conducta o a d’altres fórmules d’autoregulació, així com el recurs a segells acreditatius de compliment d’estàndards, de normes i de conductes o de bones pràctiques.

En el capítol sisè s’estableix un règim sancionador per als operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, i les sancions s’estableixen correlativament així. S’ha dissenyat un règim sancionador proporcionat, eficaç i amb l’objectiu de dissuadir l’incompliment de les disposicions d’aquesta Llei.

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Objecte

1. L’objecte d’aquesta Llei és regular els operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, i la contractació electrònica, en particular, quant a les comunicacions comercials electròniques, el procés d’informació prèvia, de formació i perfecció dels contractes, i les condicions per a la seva validesa i eficàcia.

2. La regulació continguda en aquesta Llei s’ha d’entendre sense perjudici de la subjecció de tals operadors a la normativa que els resulti aplicable en l’exercici de la seva activitat específica; a les disposicions generals sobre obligacions i contractes que resultin aplicables a la contractació electrònica; a la normativa de serveis de confiança electrònica; a la normativa de defensa de la competència, competència deslleial i protecció del consumidor; a la normativa de comerç; a la normativa de protecció de dades personals i; en general, a qualsevol altra normativa que pogués ser aplicable.

Article 2

Definicions

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) “Activitat en un espai digital”: activitat que es porta a terme en un espai digital quan la provisió d’informació o de continguts, la prestació de serveis o el subministrament de béns es desenvolupen, totalment o parcialment, en suport digital i per mitjans de comunicació electrònica, de tal manera que el destinatari sol·licita, busca o accedeix a la informació, els continguts, els serveis o els béns en dit espai digital.

No es consideren activitats desenvolupades en un espai digital subjectes a aquesta Llei:

- Els serveis prestats mitjançant telefonia vocal o fax. No obstant això, l’ús de dispositius telefònics mòbils per accedir a informació, continguts, serveis o béns, o l’enviament o la recepció de comunicacions mitjançant tals dispositius en el marc de la prestació d’una activitat en un espai digital, no implica l’exclusió de les disposicions d’aquesta Llei.

- Els serveis de radiodifusió televisiva. No obstant això, l’ús d’aparells receptors de televisió per a accedir a informació, continguts, serveis o béns, o l’enviament o la recepció de comunicacions mitjançant tals aparells en el marc de la prestació d’una activitat en un espai digital, no implica l’exclusió de les disposicions d’aquesta Llei.

- Els serveis de radiodifusió sonora.

- El teletext televisiu i els serveis equivalents.

b) “Operador”: tota persona física o jurídica que desenvolupi la seva activitat econòmica, sigui empresarial o professional, en un espai digital.

c) “Destinatari d’una activitat desenvolupada en un espai digital” o senzillament “destinatari”: persona física o jurídica que accedeix a l’espai digital d’un operador per adquirir, contractar o utilitzar informació, continguts, serveis o béns, independentment que sigui o no per a finalitats empresarials o professionals. Algunes vegades el destinatari pot ser un altre operador. Es considera que el destinatari és un consumidor quan, de conformitat amb la legislació de protecció del consumidor, actuï en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

d) “Serveis d’intermediació”: serveis prestats en un espai digital amb la finalitat de facilitar la prestació d’un altre servei, de proporcionar visibilitat a continguts o activitats d’altres operadors, o de donar-hi accés als seus destinataris.

e) “Prestador de serveis d’intermediació”: l’operador que desenvolupi una activitat en un espai digital i que consisteixi en la prestació de serveis d’intermediació.

f) “Comunicació electrònica”: informació, en suport digital, generada, emesa, rebuda, processada o arxivada per mitjans electrònics, digitals, magnètics, òptics o similars.

g) “Comunicació comercial”: comunicació que té la finalitat de promoure, de forma directa o indirecta, la imatge, els béns o els serveis d’una persona, física o jurídica, que faci una activitat empresarial o professional.

Als efectes d’aquesta Llei, no tenen la consideració de “comunicació comercial” les dades que siguin simplement relatives a l’adreça de la persona física o jurídica que desenvolupa l’activitat empresarial o professional, o les que permetin al destinatari localitzar l’operador o accedir als seus continguts, als seus serveis o als seus béns en un espai digital.

h) “Comunicació comercial electrònica”: comunicació comercial feta per mitjà de comunicacions electròniques remeses al destinatari, o la que, per iniciativa de l’operador, sigui accessible per al destinatari en un espai digital, sempre que no respongui a una sol·licitud expressa del mateix destinatari sobre la informació específica de l’operador, la seva activitat, els seus béns o els seus serveis. S’entén també per “comunicació comercial electrònica” la remesa per iniciativa de l’operador, encara que estigui personalitzada, atenent les circumstàncies del destinatari, de la seva ubicació o del seu dispositiu, o de qualsevol altra circumstància de la relació en què s’ofereix o s’ha de fer accessible la comunicació.

i) “Òrgan competent”: qualsevol òrgan judicial o administratiu que actuï en l’exercici de competències legalment atribuïdes.

Article 3

Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable als operadors establerts al Principat d’Andorra i a les activitats que desenvolupin.

S’entén que un operador està establert al Principat d’Andorra quan el lloc en què estigui efectivament centralitzada la gestió administrativa i la direcció dels seus negocis es trobi al territori del Principat. A aquest efecte, es presumeix, llevat que es provi el contrari, que la gestió administrativa i la direcció dels negocis d’un operador estan centralitzades al territori del Principat d’Andorra quan l’operador esmentat té la seva residència habitual o el seu domicili registral al Principat, o quan s’hagi inscrit en el Registre de Societats o en un altre registre públic del Principat d’Andorra en què sigui necessària la inscripció per adquirir la personalitat jurídica.

2. Així mateix, aquesta Llei és aplicable als operadors residents o domiciliats en un altre estat sempre que facin les seves activitats a través d’un establiment permanent situat al Principat d’Andorra.

Es considera que un operador actua mitjançant un establiment permanent situat al Principat d’Andorra, quan aquest operador disposa, de forma continuada o habitual, d’instal·lacions o de llocs de treball en què realitza tota o una part de la seva activitat.

3. La utilització de mitjans tecnològics situats al Principat d’Andorra per prestar o accedir a l’activitat desenvolupada no serveix, per si sola, com a criteri per determinar l’establiment al Principat d’Andorra de l’operador.

Article 4

Serveis exclosos

1. Els serveis que es relacionen a continuació es regeixen per la seva normativa específica:

a) Els prestats per notaris en l’exercici de les seves respectives funcions públiques.

b) Els prestats per advocats i per procuradors en l’exercici de les seves funcions de representació i de defensa en judici.

c) Els jocs d’atzar que impliquin apostes de valor econòmic.

2. No obstant el que determina l’apartat anterior, aquesta Llei es pot aplicar subsidiàriament en tot allò que no sigui incompatible amb la normativa específica.

Article 5

No-autorització addicional

El desenvolupament d’una activitat econòmica en l’espai digital al Principat d’Andorra no requereix una autorització addicional a la qual, de conformitat amb la legislació aplicable, correspongui al desenvolupament de l’activitat econòmica específica en qüestió. Si l’activitat econòmica es desenvolupa únicament en l’espai digital, es requereixen, en tot cas, les autoritzacions que, de conformitat amb la legislació aplicable, corresponguin al desenvolupament de l’activitat o de les activitats en qüestió.

Capítol segon. Obligacions dels operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital

Article 6

Identificació de l’operador i informació bàsica

Els operadors han de posar a disposició del destinatari, en el mateix espai digital en què desenvolupin l’activitat, de forma visible, permanent, clara i gratuïta, la informació mínima següent:

a) La identificació i les dades de contacte de l’operador, incloent-hi el nom o la denominació social, la residència o el domicili o, si no n’hi ha, l’adreça del seu establiment permanent al Principat d’Andorra, així com qualsevol adreça i dada de contacte que permeti una comunicació directa i adequada a la prestació de l’activitat en l’espai digital.

b) Les dades registrals i d’identificació fiscal que, de conformitat amb la legislació aplicable, corresponguin a l’operador i a la seva activitat.

c) La informació relativa a qualsevol autorització que el desenvolupament de l’activitat de l’operador pugui requerir, de conformitat amb la legislació aplicable i, en aquest cas, les dades que identifiquin l’òrgan competent encarregat de la seva supervisió.

d) En cas que l’activitat de l’operador impliqui l’exercici d’una professió regulada, les dades del col·legi professional al qual pertanyi l’operador amb el seu número de col·legiat, el títol acadèmic o professional que l’habiliti, l’estat que va emetre el títol i el seu reconeixement o homologació quan escaigui, i el contingut de les normes professionals aplicables o una remissió a aquestes normes.

e) Els codis de conducta als quals estigui adherit i els segells acreditatius rebuts, de conformitat amb el que preveu aquesta Llei.

f) En cas que l’operador faci referència a preus en el seu espai digital, la informació requerida per la normativa en matèria de comerç.

g) Qualsevol altra informació addicional que exigeixin les normatives específiques aplicables al comerç en general o a una de les modalitats de venda, a la protecció del consumidor o a la protecció de dades personals, entre d’altres.

Article 7

Deure de col·laboració dels prestadors de serveis d’intermediació

1. Quan un òrgan competent hagi ordenat, en l’exercici de les competències que legalment tingui atribuïdes, que s’interrompi o se suspengui l’exercici de l’activitat duta a terme per operadors als quals sigui aplicable aquesta Llei, que es retiri una informació determinada o uns continguts provinents dels operadors esmentats, o que s’impedeixi l’accés a tals activitats, informació o continguts des del Principat d’Andorra, i per això fos necessària la col·laboració dels prestadors de serveis d’intermediació, l’òrgan en qüestió pot ordenar als esmentats prestadors, sempre que quedin subjectes a aquesta Llei, que suspenguin el corresponent servei d’intermediació utilitzat per a l’exercici de l’activitat o de la provisió de la informació o dels continguts de què es tracti.

2. En l’adopció i el compliment de les mesures a les quals fa referència l’apartat anterior, cal respectar, en tot cas, les normes, els procediments i les garanties previstos en l’ordenament jurídic, inclosos els que tinguin per objecte protegir els drets a la intimitat personal i familiar, a les dades personals, a la llibertat d’expressió o a la llibertat d’informació, quan aquests drets puguin resultar afectats.

3. En tots els casos en què la Constitució, les normes reguladores dels respectius drets i llibertats, o les que resultin aplicables a les diverses matèries, atribueixin competència als òrgans jurisdiccionals de forma excloent per intervenir en l’exercici d’activitats o de drets, només l’autoritat judicial competent pot adoptar les mesures que s’hi preveuen.

4. Les mesures a les quals fa referència aquest article han de ser objectives, proporcionades i no discriminatòries, i s’han d’adoptar de forma cautelar o en execució de les resolucions que es dictin, de conformitat amb els procediments administratius legalment establerts o els procediments previstos en la legislació processal que correspongui.

Article 8

Informació sobre seguretat

Els operadors subjectes a aquesta Llei han de facilitar als destinataris, de forma visible, permanent, clara i gratuïta, sempre que sigui rellevant i pertinent segons el tipus d’activitat prestada, informació sobre:

a) Els diferents mitjans de caràcter tècnic que permetin la restricció de les comunicacions comercials electròniques no sol·licitades.

b) Els certificats de seguretat actualitzats que apliquin en relació amb les transaccions de pagament dels serveis o productes contractats en relació amb les seves activitats.

c) Les eines existents per al filtratge i la restricció de l’accés a determinada informació, a continguts o a activitats no desitjats, que puguin resultar nocius per a la joventut i la infància, o, en general, contraris a la moral o a l’ordre públic.

Capítol tercer. Règim de responsabilitat dels operadors i, en particular, dels prestadors de serveis d’intermediació

Article 9

Règim general de responsabilitat dels operadors

1. Els operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital estan subjectes a les normes sobre responsabilitat penal, civil i administrativa que, amb caràcter general, estableix l’ordenament jurídic.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, per determinar la responsabilitat dels prestadors de serveis d’intermediació s’ha de tenir en compte el que disposen els articles següents.

Article 10

Inexistència d’una obligació general de supervisar

Els prestadors de serveis d’intermediació no tenen l’obligació general de supervisar les activitats, la informació o els continguts la prestació, ús o accés dels quals faciliten. Tampoc tenen l’obligació de fer recerques actives de fets o circumstàncies que revelin activitats o comportaments il·lícits de destinataris.

Article 11

Règim de responsabilitat dels intermediaris

1. Els prestadors de serveis d’intermediació no són responsables de l’activitat, la informació o els continguts de destinataris als quals faciliten la prestació, l’ús o l’accés, sempre que no en tinguin el control, ni tinguin coneixement de la seva il·licitud, de conformitat amb l’article 14.

2. Als efectes d’allò que preveu l’apartat anterior, s’entén que els prestadors de serveis d’intermediació, el servei dels quals consisteixi a proporcionar accés a una xarxa de telecomunicacions o a transmetre dades proporcionades per destinataris, no en tenen coneixement ni control sempre que no els hagin generat o modificat ni hagin seleccionat les dades o els destinataris.

No es considera que les activitats de manipulació i d’emmagatzemament de la informació transmesa que tinguin una finalitat estrictament tècnica impliquin la generació, la modificació o la selecció de la dita informació, de conformitat amb el que disposa el paràgraf anterior, sempre que la seva durada sigui la que raonablement requereixi l’execució de l’activitat de manipulació o d’emmagatzemament de què es tracti.

3. S’entén que els prestadors de serveis d’intermediació, l’activitat dels quals consisteixi en l’emmagatzemament automàtic, provisional i temporal de dades proporcionades per un destinatari, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior de les dades esmentades a altres destinataris que ho sol·licitin, no tenen coneixement ni control del contingut de les dades que emmagatzemen, sempre que no les modifiquin i compleixin les condicions sobre l’accés, l’actualització i el seguiment, de conformitat amb l’article 12.

4. Els prestadors de serveis d’intermediació l’activitat dels quals consisteixi a allotjar dades de destinataris, a petició d’aquests darrers, no són responsables de la informació o dels continguts que emmagatzemen o de l’activitat que desenvolupin els destinataris, sempre que no en tinguin control, ni tinguin coneixement de la seva il·licitud, de conformitat amb l’article 14.

Als efectes d’allò que preveu el paràgraf anterior, s’entén que el prestador de serveis d’intermediació té control sobre la informació emmagatzemada si el destinatari a petició de qui s’emmagatzemen les dades actua sota l’autoritat, el control i la direcció del prestador.

5. Els prestadors de serveis d’intermediació que proporcionin instruments de recerca d’informació o de continguts, de serveis de referenciació o que facilitin la localització, la presentació, l’enllaç o la visibilitat de la informació o dels continguts o d’activitats de destinataris, no són responsables del que localitzen, presenten o enllacen, sempre que no en tinguin el control, ni tinguin coneixement de la seva il·licitud, de conformitat amb l’article 14.

Article 12

Condicions relatives a l’emmagatzemament automàtic, provisional i temporal de dades

Als efectes d’allò que preveu l’article 11.3, s’entén que els prestadors de serveis d’intermediació l’activitat dels quals consisteixi en l’emmagatzemament automàtic, provisional i temporal de dades proporcionades per un destinatari, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior de les dades en qüestió a altres destinataris que ho sol·licitin, no tenen coneixement ni control del seu contingut sempre que:

a) Respectin les normes d’accés a la informació o als continguts establertes pel destinatari del servei del prestador de serveis d’intermediació que proporciona aquesta informació o aquests continguts.

b) Respectin les normes d’actualització de la informació o dels continguts establertes pel destinatari del servei del prestador de serveis d’intermediació que proporciona aquesta informació o aquests continguts, o, si escau, les normes normalment acceptades i aplicades en el sector.

c) No interfereixin en la utilització de tecnologia utilitzada lícitament pel destinatari del servei del prestador de serveis d’intermediació que proporciona la informació o els continguts per obtenir dades sobre l’ús de tals informacions o continguts, sempre que aquesta utilització es faci de conformitat amb la legislació aplicable i sigui compatible amb els estàndards de la indústria acceptats àmpliament.

Article 13

Propietat intel·lectual

1. Els prestadors de serveis d’intermediació no són responsables, de conformitat amb la normativa sobre propietat intel·lectual, de la reproducció que implica l’emmagatzemament automàtic, provisional i temporal de dades proporcionades per un destinatari, amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior de tals dades a altres destinataris que ho sol·licitin.

2. El servei d’intermediació estrictament tècnic adreçat a facilitar la localització d’informació o de continguts, d’acord amb una consulta específica del destinatari, no implica, per si sol, la infracció dels drets de propietat intel·lectual en relació amb la informació o els continguts referits o presentats de manera raonable i suficient amb l’única finalitat de ser localitzats pel destinatari.

Article 14

Coneixement efectiu de la il·licitud

Als efectes del que preveu l’article 11, s’entén que els prestadors de serveis d’intermediació tenen coneixement efectiu d’una il·licitud en qualsevol dels supòsits següents:

a) Quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de la informació, dels continguts o de l’activitat de destinataris als quals faciliten la prestació, n’hagi ordenat la retirada o hagi impossibilitat l’accés a aquesta informació, continguts o activitat, o quan aquest òrgan competent hagi declarat l’existència d’una lesió provinent d’aquesta informació, continguts o activitat i el prestador de serveis d’intermediació conegui la resolució corresponent de l’òrgan competent.

b) Quan el prestador de serveis d’intermediació tingui coneixement de la il·licitud per motiu d’un procediment de notificació, retirada i reposició de la informació i dels continguts o de l’activitat que el prestador de serveis d’intermediació s’hagi obligat a aplicar voluntàriament. S’entén que el prestador de serveis d’intermediació té coneixement de la il·licitud si, en virtut de tal procediment:

- S’identifica degudament el titular dels drets infringits.

- S’identifiquen degudament tant els drets la infracció dels quals s’al·legui com la suposada infracció comesa.

- S’identifica suficientment la informació, el contingut o l’activitat infractores i la seva localització.

- Es proporcionen les dades que permetin identificar, en tot el que sigui possible, el titular de la informació, del contingut o de l’activitat infractora.

c) Quan, en virtut d’un acord previ amb el destinatari, el prestador de serveis d’intermediació controla la licitud de la informació, dels continguts o de l’activitat d’altres destinataris que utilitzen el servei, de conformitat amb les instruccions i els paràmetres proporcionats prèviament pel destinatari titular dels drets infringits. En aquests supòsits, la responsabilitat del prestador de serveis d’intermediació davant del destinatari titular dels drets es regeix pel que prevegi l’acord.

Article 15

Obligació d’actuar

1. Sense perjudici del compliment de les mesures que ordenés un òrgan competent, en qualsevol dels casos previstos en l’article 14, els prestadors de serveis d’intermediació que tinguin coneixement efectiu de la il·licitud han d’actuar amb diligència per notificar al destinatari afectat la comunicació rebuda, i en cas que ho hagin establert voluntàriament, aplicar mesures de retirada i, si escau, procedir a la reposició.

A aquests efectes, els prestadors de serveis d’intermediació que s’hagin obligat a aplicar voluntàriament un procediment de notificació, retirada i reposició de la informació i dels continguts o de l’activitat han d’informar els destinataris de les condicions en què operen.

2. El prestador de serveis d’intermediació només és responsable davant del notificant i del destinatari afectat pels danys que pogués causar si ha actuat de manera negligent en relació amb la notificació, la retirada o la reposició a la qual fa referència l’apartat anterior.

Article 16

Procediment voluntari de notificació, de retirada i de reposició

Als efectes del procediment voluntari de notificació, retirada i reposició al qual es fa referència en l’article 14.b), s’entén que el prestador de serveis d’intermediació actua de manera diligent si aquest procediment compleix amb les condicions següents:

a) El procediment de notificació, de retirada i de reposició és gratuït i està disponible de manera permanent.

El notificant que proporcioni informació falsa o inexacta, i que sigui coneixedor d’aquesta falsedat o inexactitud, en algun dels procediments indicats, és responsable dels danys que causi al prestador de serveis d’intermediació que actuï confiant en la informació proporcionada, i també dels danys que causi a qualsevol altre tercer afectat.

b) El procediment de notificació permet al prestador de serveis d’intermediació obtenir, de manera raonable, la informació prevista en l’article 14.b). No obstant això, no es pot exigir informació tan concreta que faci pràcticament impossible, en condicions raonables, la denúncia per part del notificant.

En cas que el notificant no proporcioni la informació referida en l’article 14.b), el prestador de serveis d’intermediació pot optar per requerir al notificant la informació que necessiti perquè la hi remeti en un termini raonable o per informar el notificant que no pot continuar amb el procediment sense perjudici que el notificant el decideixi iniciar novament.

Si el prestador de serveis d’intermediació no rep la informació requerida en el termini indicat, o amb la informació proporcionada no n’hi ha prou per continuar amb el procediment, no està obligat a atendre la denúncia ni a continuar amb el procediment.

c) El prestador de serveis d’intermediació ha de confirmar al notificant la recepció de la seva notificació i ha de procedir a remetre-la amb rapidesa al destinatari afectat.

d) Si el prestador de serveis d’intermediació estima, de conformitat amb la notificació rebuda i la informació que contingui i que hagi estat proporcionada pel notificant, que la infracció al·legada és evident, pot optar per retirar la informació o els continguts o impedir l’accés als mateixos o a l’activitat en qüestió, sempre que hagi tramès prèviament la notificació al destinatari afectat.

Si el prestador de serveis d’intermediació no considera la infracció evident, o amb la informació disponible no pot valorar l’existència d’una infracció, pot decidir no retirar o suspendre l’accés notificant la decisió al notificant. El prestador de serveis d’intermediació no serà en cap cas responsable davant del notificant per la decisió de no retirar la informació o els continguts o no impedir l’accés a les activitats en qüestió si ha actuat raonablement.

Per la valoració d’una possible infracció objecte d’una notificació, s’entendrà que el prestador de serveis d’intermediació compta amb els coneixements i els recursos amb què han de comptar raonablement els professionals i les empreses del seu sector per dur a terme la seva activitat. A tals efectes, no es pot exigir al prestador de serveis d’intermediació que per la valoració d’una possible infracció objecte d’una notificació recorri a l’assessorament d’especialistes o hagi de dur a terme una particular tasca d’anàlisi o estudi, atès que no està sotmès a una obligació general de supervisar les activitats, la informació o els continguts la prestació, ús o accés dels quals faciliten.

El prestador de serveis d’intermediació no és responsable davant del destinatari afectat per les mesures de retirada o de suspensió de l’accés si ha actuat de manera raonable atesa la informació que tenia al seu abast en el moment de la decisió, d’acord amb el previst en els paràgrafs anteriors, i sempre que hagi comunicat amb promptitud al destinatari afectat la notificació rebuda i la mesura prevista.

El prestador de serveis d’intermediació també pot retirar la informació o els continguts o impedir l’accés als mateixos o a l’activitat en qüestió si no disposa de dades de contacte del destinatari afectat que permetin l’enviament efectiu d’una comunicació electrònica.

e) El destinatari afectat per la notificació pot respondre a la notificació rebuda, en un termini raonable, oposant-se a la denúncia.

Si el prestador de serveis d’intermediació estima que les al·legacions del destinatari afectat són raonables, pot decidir reposar la informació o els continguts retirats, facilitar-ne de nou l’accés o l’accés a l’activitat en qüestió o, en cas de no haver-los retirat amb anterioritat, mantenir-hi l’accés en les mateixes condicions. En tot cas, el prestador de serveis d’intermediació ha d’informar amb promptitud el notificant de la decisió adoptada.

El prestador de serveis d’intermediació no està obligat a procedir a la retirada o a la reposició, ni a investigar els fets notificats, ni fer una recerca d’informació addicional més enllà de la informació proporcionada per la part notificant i el destinatari afectat per la notificació, de conformitat amb el procediment habilitat de notificació, de retirada i de reposició en les condicions establertes en aquest article.

Per la valoració de les al·legacions del destinatari afectat, s’entendrà que el prestador de serveis d’intermediació compta amb els coneixements i els recursos amb què han de comptar raonablement els professionals i les empreses del seu sector per dur a terme la seva activitat. A tals efectes, no es pot exigir al prestador de serveis d’intermediació que per la valoració d’una possible infracció objecte d’una notificació recorri a l’assessorament d’especialistes o hagi de dur a terme una particular tasca d’anàlisi o estudi, atès que no està sotmès a una obligació general de supervisió de les activitats, la informació o els continguts la prestació, ús o accés dels quals faciliten.

El prestador de serveis d’intermediació no serà responsable en cap cas davant del notificant si, d’acord amb la informació rebuda, decideix diligentment no adoptar mesures de retirada o de suspensió de l’accés, ni serà responsable davant del destinatari afectat si decideix raonablement no adoptar mesures de reposició.

Capítol quart. Comunicacions comercials electròniques

Article 17

Règim jurídic de les comunicacions comercials electròniques

Les comunicacions comercials electròniques es regeixen, a més a més de per aquesta Llei, per altres normatives que puguin resultar aplicables de conformitat amb el que disposa l’article 1.2.

Especialment, és aplicable la legislació sobre protecció de dades personals a totes les operacions de tractament de dades vinculades a l’enviament, la posada a disposició i la personalització de les comunicacions comercials.

Article 18

Obligacions de l’operador en relació amb les comunicacions comercials electròniques

1. L’operador ha d’assegurar-se que les comunicacions comercials electròniques, en tot moment, s’identifiquen clarament i inequívocament com a tals. A aquest efecte, han d’identificar-se com a comunicacions comercials amb una expressió inequívoca, visible i adequada a les característiques de la comunicació, del missatge comercial i del dispositiu o dispositius als quals vagi destinat, o des dels quals s’hi pugui accedir, per tal de garantir que el caràcter comercial de la comunicació s’adverteix clarament al destinatari.

Així mateix, el nom de la persona física o jurídica en nom de qui es fa la comunicació comercial electrònica ha de ser, en tot moment, identificable de manera clara.

2. La comunicació comercial electrònica ha de permetre que el destinatari accedeixi en les condicions pactades, o en condicions raonables si no hi hagués acord previ, a la informació, als continguts o a l’activitat que ha sol·licitat. A aquest efecte, la comunicació comercial electrònica ha d’indicar clarament la forma de deshabilitar-la i, si escau, les condicions de la seva prestació.

3. Endemés, la comunicació comercial electrònica ha de permetre al destinatari accedir, directament o indirectament, de forma fàcil i senzilla, a les condicions de l’oferta, la seva durada o vigència, la forma de sol·licitud o d’accés, i també a qualsevol excepció o límit que resulti rellevant.

Si la comunicació comercial fa referència a ofertes promocionals, concursos o jocs, s’ha de poder accedir directament o indirectament, de manera fàcil i senzilla, a les condicions de participació.

Article 19

Enviament de comunicacions comercials electròniques

1. L’enviament de comunicacions comercials electròniques remeses al destinatari per qualsevol mitjà electrònic de comunicació que impliqui la recepció directa i personal del missatge requereix el consentiment previ del destinatari.

2. Si les dades de contacte del destinatari s’han obtingut de manera lícita per part de l’operador en el context d’una relació comercial prèvia, l’operador pot enviar comunicacions comercials utilitzant aquestes dades de contacte, sempre que, en el moment de la recollida de les dades de contacte, s’hagi donat l’oportunitat al destinatari de rebutjar la tramesa de comunicacions comercials, i les comunicacions comercials es refereixin a béns o a serveis del mateix operador o, si es refereixen a béns o a serveis d’un tercer, se n’hagi informat degudament el destinatari i aquest darrer no s’hi hagi oposat.

3. En qualsevol dels casos anteriors, l’operador ha d’indicar les seves dades de contacte al destinatari així com oferir-li en tot moment un procediment fàcil, senzill i gratuït per oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats comercials o per revocar lliurement, en qualsevol moment posterior, el seu consentiment.

Article 20

Dispositius d’emmagatzemament i de recuperació de dades

1. En el cas que s’utilitzin dispositius d’emmagatzemament i de recuperació de dades, l’operador ha de facilitar al destinatari informació clara, completa i en lloc visible sobre l’ús i les finalitats d’aquest dispositiu perquè el destinatari hi pugui donar el seu consentiment.

2. Als efectes del que preveu el paràgraf anterior sobre l’obligació d’informació de l’operador, s’entén també que la informació proporcionada és completa si s’estructura i es disposa en diversos nivells o capes, sempre que siguin fàcilment accessibles.

3. Als efectes del que preveu l’apartat 1 d’aquest article, el consentiment del destinatari es pot obtenir de forma expressa o bé inferir d’una acció del mateix destinatari, conscient i positiva, sempre que se l’hagi informat degudament i amb anterioritat del valor de l’acció en qüestió com a manifestació del seu consentiment, o mitjançant la configuració tècnica del seu dispositiu, de les funcionalitats del servei o de les aplicacions rellevants, sempre que l’acceptació del destinatari requereixi una acció positiva i que l’operador informi de manera clara, comprensible i senzilla sobre com procedir en relació amb aquesta acció i sobre el seu valor com a manifestació del consentiment.

4. No és necessari sol·licitar el consentiment del destinatari, ni informar del seu ús, en els supòsits en què l’emmagatzemament de dades o el seu accés tingui una finalitat exclusivament tècnica, de seguretat o siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat per part del destinatari. A l’efecte de determinar aquesta adequació a les finalitats indicades, s’ha de tenir especialment en compte la durada de l’ús del dispositiu en relació amb la seva finalitat.

5. En qualsevol cas, l’operador ha d’oferir al destinatari, en tot moment, un procediment fàcil, senzill i gratuït per revocar lliurement el seu consentiment.

Capítol cinquè. Contractació electrònica

Article 21

Contractes electrònics

1. Tota declaració o acte referit a la formació, la perfecció, l’administració, el compliment i l’extinció dels contractes pot efectuar-se per mitjà d’una comunicació electrònica entre les parts, i entre aquestes parts i tercers, llevat que hi hagi una disposició legal expressa en contra.

2. La utilització de comunicacions electròniques per a la negociació, la formació, la perfecció, l’administració, el compliment i l’extinció dels contractes no requereix l’acord previ entre les parts.

3. Els contractes celebrats per mitjà de comunicacions electròniques produeixen tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic, quan concorren el consentiment i els altres requisits legalment exigits necessaris per a la seva validesa.

4. Les disposicions d’aquest capítol s’apliquen amb caràcter general i independentment de la finalitat econòmica, empresarial, professional, personal o familiar de la transacció.

Article 22

Forma del contracte

1. Sempre que la legislació aplicable exigeixi que el contracte, o qualsevol informació que s’hi relacioni, consti per escrit, s’entén que s’ha satisfet aquest requisit si el contracte o la informació figura en comunicacions electròniques i la informació que contenen és accessible perquè es pugui consultar posteriorment.

2. Si la legislació aplicable exigeix, per a la validesa de contractes, de negocis o d’actes, o per a la producció de determinats efectes, la forma documental pública, o requereix la intervenció d’òrgans jurisdiccionals, de notaris o d’autoritats públiques, s’ha de complir el que disposi la legislació específica que correspongui.

Article 23

Règim jurídic dels procediments electrònics de contractació

1. Els contractes, subscrits per qualsevol procediment electrònic de contractació, es regeixen pel que pactin les parts, pel que preveu aquesta Llei i per qualsevol altra legislació aplicable, de conformitat amb el que disposa l’article 1.2.

2. Els contractes pactats a través de, amb, o totalment o parcialment entre sistemes electrònics automatitzats de contractació, tenen plena validesa i eficàcia. Els drets i les obligacions que deriven d’aquests contractes són atribuïts directament a la persona, identificada com a part en el contracte, en l’esfera de control de la qual es trobi el sistema automatitzat.

3. S’entén per “sistema electrònic automatitzat” el que efectua, sense necessitat que hi hagi intervenció humana, una o més accions o funcions específiques d’acord amb un conjunt d’instruccions o de normes prèviament establertes i en resposta a la interacció d’un destinatari o d’un altre sistema automatitzat.

Article 24

Règim jurídic de la contractació automatitzada amb destinataris consumidors

1. Les disposicions previstes en l’article 25 s’apliquen als procediments electrònics de contractació que es desenvolupin a través d’un sistema electrònic automatitzat de contractació, en un espai digital organitzat i gestionat per l’operador, per formalitzar contractes amb destinataris consumidors.

2. Les disposicions previstes en l’article 25 no s’apliquen als procediments electrònics de contractació que impliquin l’intercanvi de comunicacions electròniques de forma personal i individualitzada entre sistemes de comunicació que es trobin respectivament sota l’esfera de control de l’emissor i del destinatari de la comunicació.

Article 25

Procediments electrònics de contractació per mitjà de sistemes automatitzats en contractes amb destinataris consumidors

Quan el procediment electrònic de contractació es desenvolupi a través d’un sistema electrònic automatitzat de contractació en un espai digital organitzat i gestionat per l’operador, en cas de contractes amb destinataris consumidors, l’operador té l’obligació de:

1. Proporcionar, abans d’iniciar el procediment de contractació, i de forma clara, permanent, gratuïta i adequada al procediment electrònic de contractació utilitzat, i al dispositiu des del qual s’hi pugui accedir, informació comprensible i inequívoca sobre les fases del procediment de contractació, la manera de manifestar l’acceptació, la perfecció del contracte, la llengua o les llengües en què pot seguir-se el procediment i perfeccionar-se el contracte, i, si escau, el cost addicional que podria implicar la utilització del sistema electrònic, sense perjudici de qualsevol altra informació exigida per la legislació específica en matèria de protecció del consumidor, en matèria de comerç o en qualsevol altra matèria que pogués resultar aplicable.

2. Posar a disposició del destinatari consumidor les condicions generals que, si escau, serien aplicables al contracte, de forma que hi pugui accedir al llarg de tot el procediment de contractació i les pugui emmagatzemar en qualsevol suport, per si hi vol tornar a accedir posteriorment.

Sense perjudici de l’obligació anterior de posada a disposició, l’operador ha de facilitar al destinatari consumidor la identificació de les condicions més rellevants i la comprensió del seu contingut de qualsevol forma que sigui adequada a les circumstàncies de la transacció.

3. Habilitar un sistema de detecció i de correcció d’errades disponible al llarg del procés de contractació i abans de la perfecció del contracte.

4. Habilitar un sistema de confirmació de la perfecció del contracte, de manera que la confirmació es faci accessible quan finalitzi el procediment de contractació en el mateix espai digital, o es remeti o es faci accessible per altres mitjans de forma personal i individualitzada, al més aviat possible i sempre que el destinatari de la confirmació hagi proporcionat les dades per a tal enviament o bé disposi de les dades per accedir a la confirmació esmentada de forma personal i individualitzada. En qualsevol cas, la confirmació ha de permetre que el destinatari la tingui disponible en un suport adequat per accedir-hi posteriorment.

En tot el que no preveu aquest article, i sempre que no sigui incompatible amb el que s’hi disposa, s’apliquen les disposicions dels articles següents quant als procediments de contractació que aquí es regulen.

Article 26

Invitació a fer ofertes i oferta de contracte

1. Es considera “invitació a fer una oferta de contracte” la proposta de formalitzar un contracte, efectuada per un mitjà de comunicació electrònic adreçada a una o més persones indeterminades, o accessible al públic en general o a diverses persones indeterminades per mitjans electrònics.

2. La proposta de celebrar un contracte, efectuada per mitjà d’una comunicació electrònica adreçada a una o diverses persones determinades, constitueix una oferta si és prou precisa i indica la intenció de l’oferent de quedar obligat per aquesta oferta en cas que sigui acceptada.

3. No obstant el que figura en els dos apartats anteriors, en cas de propostes efectuades per mitjà de comunicacions electròniques o accessibles per mitjans electrònics en relacions de consum, s’aplica la normativa específica en matèria de protecció del consumidor.

Article 27

Vigència de les invitacions i de les ofertes

Sense perjudici del que estableixi la legislació específica que pogués resultar aplicable, les invitacions a fer ofertes i les ofertes realitzades per mitjà de comunicacions electròniques són vigents durant el període que fixi qui les efectuï o, si no n’hi ha, durant el temps que siguin accessibles als seus destinataris.

Article 28

Formes d’acceptació

1. Els contractes es perfeccionen per mitjà de l’acceptació d’una oferta.

2. L’oferta pot acceptar-se de forma expressa o per mitjà de la realització d’un acte o d’una conducta que expressi prou assentiment i palesi la intenció d’acceptar-la. Per tal de determinar si un acte o una conducta demostren suficientment la intenció d’acceptar, s’ha de tenir en compte el que indica l’oferta, els usos i les pràctiques habituals entre les parts. El silenci o la inacció no signifiquen per si sols acceptació.

3. Sense perjudici del que preveuen els apartats anteriors, en el cas de contractes celebrats amb destinataris consumidors, preval, si escau, el que estableix la legislació en matèria de protecció del consumidor.

Article 29

Moment de perfecció del contracte

L’acceptació de l’oferta té efecte en el moment en què, una vegada l’emissor ha fet totes les accions que raonablement li corresponen per remetre’n l’acceptació, o una vegada ha executat l’acte o la conducta adreçada a acceptar, el destinatari pugui conèixer l’acceptació en condicions adequades a les circumstàncies de la transacció, al procediment de contractació, als usos i a les pràctiques entre les parts.

Article 30

Acusament de recepció

Sense perjudici del que estableix l’article 25, l’emissor de qualsevol comunicació electrònica emesa en el marc o en relació amb un contracte, pot sol·licitar del seu destinatari un acusament de recepció de la comunicació. Quan rebi aquesta sol·licitud, el destinatari ha d’acusar recepció de la comunicació sense demora.

Article 31

Prova del document i signatura electrònics

1. Les comunicacions electròniques, sempre que permetin accedir posteriorment al seu contingut, tenen la consideració de documents i tenen l’efecte probatori que, com a tals, els correspongui, de conformitat amb la legislació que resulti aplicable en matèria processal i en matèria de serveis de confiança electrònica.

2. Tota comunicació electrònica emesa amb finalitats negocials s’ha de poder atribuir al seu emissor. A aquest efecte, llevat que hi hagi una disposició o un pacte en contra, es pot utilitzar una signatura electrònica adequada a les finalitats buscades i a les circumstàncies del cas.

Article 32

Condicions generals

La comunicació electrònica que tingui per objectiu perfeccionar un contracte que pretengui contenir condicions generals, ha d’incloure-les en tota la seva extensió, incorporar-les mitjançant una referència, de tal manera que siguin accessibles en un suport adequat, o efectuar-ne la mera remissió en cas de condicions àmpliament conegudes i regularment observades en el tràfic considerat, això sense perjudici del que estableix l’article 25. En aquests dos darrers supòsits, tant la referència com la mera remissió s’han de fer en la forma i en les condicions adequades a les característiques del procediment de contractació en què es pretengui perfeccionar el contracte. A més a més, les condicions generals han de ser accessibles a les parts, les quals han de poder recuperar-les en tot moment durant la vigència del contracte.

En tot cas, la incorporació, la interpretació i la validesa de les condicions generals es regeixen per la seva legislació específica, en funció de la matèria contractual en qüestió i, quan sigui aplicable, per la normativa de protecció del consumidor.

Article 33

Llei aplicable

En defecte de pacte entre les parts, la llei aplicable als contractes electrònics, es determina d’acord amb el que disposen les normes de dret internacional privat que resultin aplicables.

En cas de contractes electrònics amb destinataris consumidors, s’aplica la llei del país on el consumidor tingui la residència habitual, sempre que l’operador exerceixi les seves activitats en el dit país o hi dirigeixi les seves activitats, i el contracte electrònic en qüestió es refereixi a aquestes activitats. Les parts també poden acordar que aquests contractes electrònics es regeixin per una altra llei, sempre que aquesta llei ofereixi com a mínim el mateix nivell de protecció als consumidors que la legislació del Principat d’Andorra en la matèria.

Article 34

Factura electrònica

La factura emesa per mitjà d’una comunicació electrònica té els mateixos efectes que l’emesa en un document en paper, sempre que sigui conforme als requisits establerts en la legislació aplicable en matèria de facturació.

Article 35

Canvi de suport

1. Les parts poden convenir en tot moment el canvi de suport de paper per un suport digital i viceversa, llevat que hi hagi una disposició legal en contra.

2. En el cas de contractes amb destinataris consumidors, si la clàusula que permet que l’operador procedeixi a un canvi de suport està inclosa en les condicions generals del contracte, requereix l’acceptació expressa de l’adherent.

Article 36

Resolució extrajudicial de conflictes i prestació de serveis de resolució extrajudicial de conflictes en línia

1. Les parts poden sotmetre els seus conflictes en relació amb qualsevol transacció a procediments de resolució extrajudicial de controvèrsies, de conformitat amb la legislació vigent en cada moment en matèria de mediació, conciliació o arbitratge, i la legislació de protecció del consumidor.

2. De la mateixa manera, les parts poden sotmetre els seus conflictes als procediments de negociació, assistida o automatitzada, i de resolució extrajudicial de conflictes, que s’instauren per mitjà d’acord entre les parts, de codis de conducta o d’altres instruments d’autoregulació, sense perjudici del que preveu la legislació de protecció del consumidor.

3. En els procediments de resolució extrajudicial de conflictes als quals fan referència els apartats anteriors, es poden emprar mitjans electrònics en els termes establerts en aquesta Llei, i amb els efectes que reconegui la legislació específica relativa al mitjà de resolució de conflictes utilitzat.

4. Es denominen “serveis de resolució extrajudicial de conflictes en línia” tots els serveis de resolució extrajudicial de controvèrsies que es desenvolupen per mitjans electrònics i en suport digital.

Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’entén per “prestador de serveis de resolució extrajudicial de conflictes en línia” l’operador que proporciona i administra la plataforma electrònica a través de la qual es desenvolupa el procediment de resolució de conflictes, i facilita a les parts i al tercer neutral els serveis necessaris per desenvolupar les actuacions.

5. El prestador de serveis de resolució extrajudicial de conflictes en línia i el tercer neutral estan subjectes a les disposicions d’aquesta Llei i, en tot el que sigui aplicable, a la legislació específica relativa al sistema de resolució de conflictes utilitzat.

S’entén per “tercer neutral” tota persona que presti assistència a les parts en conflicte, ja sigui facilitant que arribin a una resolució de la controvèrsia, ja sigui emetent una decisió sobre aquesta controvèrsia.

Article 37

Codis de conducta, segells de garantia i altres instruments d’autoregulació

1. Les associacions, les corporacions i les organitzacions professionals, comercials i de consumidors, així com els operadors individualment o col·lectivament, poden adoptar voluntàriament codis de conducta relatius a matèries regulades en aquesta Llei. En relació amb les matèries de consum, també s’està subjecte al que preveu la legislació en matèria de protecció del consumidor.

2. Les associacions, les corporacions i les organitzacions professionals, comercials i de consumidors que proporcionin un servei d’acreditació d’operadors en relació amb l’adhesió i al compliment d’un codi de conducta, o emetin segells acreditatius del compliment de determinats estàndards, de normes de conducta o de bones pràctiques, han d’informar permanentment, de forma completa i actualitzada, del contingut dels estàndards, dels codis de conducta o de les bones pràctiques dels quals s’acredita el compliment i del procediment de revisió i d’acreditació.

3. Els operadors que adoptin o s’adhereixin a un codi de conducta o hagin rebut un segell acreditatiu dels esmentats en l’apartat anterior han de facilitar als destinataris, en tot moment, informació completa i accés al contingut del codi d’estàndards, de les normes de conducta o de les bones pràctiques, a les dades de l’entitat formuladora i supervisora del compliment i de l’entitat acreditativa, si escau.

4. De conformitat amb la normativa sobre defensa de la competència, competència deslleial i protecció del consumidor, es consideren enganyoses les pràctiques comercials que consisteixin a afirmar, sense que sigui cert, que l’operador s’ha adherit a un codi de conducta, o que ha rebut l’acreditació d’un determinat organisme o entitat, o a exhibir un segell acreditatiu de qualitat que no li hagi estat efectivament concedit.

Article 38

Accions en matèria de protecció del consumidor

Contra l’incompliment de les obligacions previstes en aquesta Llei per a les relacions amb destinataris consumidors, poden exercitar-se les accions previstes en la legislació en matèria de protecció del consumidor.

Capítol sisè. Infraccions i sancions

Article 39

Responsabilitat

L’incompliment per part dels operadors de les obligacions previstes en aquesta Llei en tot el que fa referència a l’exercici de la seva activitat en un espai digital, dóna lloc a responsabilitat administrativa, i també, si escau, a la responsabilitat penal o civil que se’n pugui derivar.

Els operadors estan subjectes al règim sancionador establert en aquest capítol quan aquesta Llei els sigui aplicable.

Article 40

Òrgan competent

1. L’òrgan competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors és el ministeri titular d’economia.

2. La incoació i la resolució de l’expedient sancionador corresponent s’efectua de conformitat amb les disposicions en matèria de procediments administratius sancionadors.

Article 41

Infraccions

1. Les infraccions dels preceptes d’aquesta Llei es qualifiquen com a molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus:

a) L’incompliment de l’obligació de suspendre la prestació d’un servei d’intermediació ordenat per un òrgan competent, de conformitat amb les disposicions de l’article 7.

b) La comissió simultània i reiterada de diverses infraccions greus.

3. Són infraccions greus:

a) L’incompliment significatiu del que disposa l’article 6.a), en relació amb la informació identificadora bàsica de l’operador.

b) L’incompliment significatiu i sistemàtic dels requisits establerts en els apartats 1 i 2 de l’article 18, en relació amb les comunicacions comercials electròniques.

c) L’enviament sistemàtic i massiu de comunicacions comercials electròniques que no compleixin amb les condicions previstes en l’article 19.

d) No posar a disposició del destinatari un procediment per oposar-se al tractament de les seves dades o per revocar el seu consentiment en les condicions previstes en l’article 18 o als efectes de l’article 19.

e) Utilitzar dispositius d’emmagatzemament i de recuperació de dades sense facilitar la informació ni requerir el consentiment del destinatari segons el que preveu l’article 20.

f) L’incompliment significatiu de les obligacions previstes en l’article 25 en relació amb els procediments automatitzats de contractació amb destinataris consumidors.

4. Són infraccions lleus:

a) No proporcionar la informació prescrita en l’article 6, quan no constitueixi infracció greu.

b) L’incompliment significatiu de l’obligació de facilitar la informació sobre seguretat, establerta en l’article 8.

c) L’incompliment dels requisits establerts en els apartats 1 i 2 de l’article 18, en relació amb les comunicacions comercials electròniques, quan no constitueixin una infracció greu.

d) L’enviament de comunicacions comercials electròniques sense complir amb les condicions previstes en l’article 19, quan no constitueixi una infracció greu.

Article 42

Sancions

1. Per la comissió de les infraccions recollides en l’article 41, s’imposen les sancions següents:

a) Per a les infraccions molt greus, multa de 10.000 a 100.000 euros.

La comissió reincident d’infraccions molt greus, i en cas que concorrin circumstàncies especialment greus, pot donar lloc a la sanció de prohibició d’actuació de l’operador al Principat d’Andorra durant un termini màxim de dos anys.

b) Per a les infraccions greus, multa de 2.000 a 10.000 euros.

c) Per a les infraccions lleus, multa de fins a 2.000 euros.

2. La comissió d’una infracció no pot comportar un benefici econòmic per a l’infractor, per la qual cosa, si la suma de la sanció imposada i el cost de les accions que eventualment hagi d’adoptar l’operador per posar remei als efectes de la infracció fos inferior al benefici resultant de la infracció, la multa pot incrementar-se fins a l’import dels beneficis obtinguts de manera il·lícita.

3. Les infraccions greus i molt greus poden, endemés, comportar la publicació de la resolució sancionadora ferma. El cost de la publicació és a càrrec del sancionat.

Article 43

Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys a comptar del dia en què cessa l’acció o l’omissió digna de sanció.

2. Les infraccions greus prescriuen al cap de dos anys a comptar del dia en què cessa l’acció o omissió digna de sanció.

3. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any a comptar del dia en què cessa l’acció o omissió digna de sanció.

4. L’inici de l’actuació inspectora suspèn el termini de prescripció.

Article 44

Mesures de caràcter provisional

1. En els procediments sancionadors per infraccions molt greus o greus es poden adoptar, en les condicions previstes en aquest article i, en el seu cas, de conformitat amb la legislació administrativa vigent en cada moment, les mesures de caràcter provisional, previstes en les normes esmentades, que s’estimin necessàries a fi i efecte de garantir l’eficàcia de la resolució que definitivament es dicti, el bon fi del procediment, que s’eviti el manteniment dels efectes de la infracció, i la consideració dels interessos generals.

En particular, es poden acordar les mesures provisionals següents:

a) Suspensió temporal de l’activitat de l’operador i, si escau, tancament provisional del seu establiment.

b) Precinte, dipòsit o confiscació de registres, suports i arxius digitals, i de documents en general, així com d’aparells i equips informàtics de tot tipus.

c) Advertència als destinataris de l’activitat de l’operador de l’existència de possibles conductes infractores i de la incoació de l’expedient sancionador de què es tracti, així com de les mesures adoptades per al cessament d’aquestes conductes.

2. En tot cas, es respecta el principi de proporcionalitat de la mesura que s’hagi d’adoptar amb els objectius que es pretenguin assolir en cada cas. No es poden adoptar mesures de caràcter provisional que puguin causar perjudici de difícil o impossible reparació als interessats o que impliquin la violació de drets emparats per les lleis.

3. Un cop iniciat el procediment, l’òrgan competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors, és a dir, el ministeri titular d’economia, pot adoptar, d’ofici o a instància de part, les mesures provisionals que estimi oportunes per als fins previstos en l’apartat 1 d’aquest article, si hi ha elements de judici suficients per a això.

4. En casos d’urgència i per a la immediata protecció dels interessos implicats, les mesures de caràcter provisional previstes en aquest article poden ser acordades abans de la iniciació de l’expedient sancionador. Les mesures han de ser confirmades, modificades o aixecades en l’acord d’iniciació del procediment, que s’ha d’efectuar dins dels quinze dies següents a la seva adopció.

En tot cas, aquestes mesures queden sense efecte si no s’inicia el procediment sancionador en el termini establert en el paràgraf anterior o quan l’acord d’iniciació no contingui un pronunciament exprés sobre les mesures.

5. Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades durant la tramitació del procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o que no van poder ser tingudes en compte en el moment de la seva adopció.

En tot cas, s’extingeixen amb l’eficàcia de la resolució administrativa que posi fi al procediment corresponent.

Article 45

Graduació de les sancions

La quantia de les multes que s’imposin de conformitat amb aquesta Llei s’ha de graduar tenint en compte els criteris següents:

a) L’existència d’intencionalitat.

b) La reincidència per comissió d’infraccions de la mateixa naturalesa quan hagi estat declarat així per resolució ferma.

c) La naturalesa i la quantia dels perjudicis causats.

d) Els beneficis obtinguts per la infracció.

Article 46

Moderació de les sancions

L’òrgan competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors aplica les sancions corresponents a la classe d’infraccions que precedeixi immediatament en gravetat a aquella a la qual correspon la infracció comesa per l’operador i sancionada quan concorri algun dels supòsits següents:

a) Quan l’infractor hagi regularitzat la situació irregular de forma diligent.

b) Quan la naturalesa i la quantia dels perjudicis causats siguin de poca rellevància i els beneficis obtinguts per la infracció siguin inexistents o significativament reduïts.

c) Quan pugui apreciar-se que la conducta de l’afectat ha contribuït o ha induït a la comissió de la infracció.

Article 47

Advertència

1. L’òrgan competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors pot no acordar l’obertura del procediment sancionador i, en el seu lloc, advertir l’infractor amb la finalitat que, en el termini que l’òrgan sancionador determini, acrediti l’adopció de les mesures correctores que, en cada cas, resultin pertinents, sempre que concorrin els pressupòsits següents:

a) Que els fets siguin constitutius d’infracció lleu o greu, de conformitat amb aquesta Llei.

b) Que l’infractor no hagi estat sancionat o advertit amb anterioritat en relació amb algunes de les infraccions previstes en aquesta Llei.

c) Que concorrin alguns dels criteris per a la moderació de la sanció establerts en l’article 46.

2. Si l’advertència per l’acreditació de l’adopció de les mesures correctores no fos atesa en el termini indicat per l’òrgan competent, es procedeix a l’obertura del procediment sancionador per l’incompliment esmentat.

Article 48

Prescripció de les sancions

1. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys a comptar de la data de notificació de la resolució sancionadora ferma.

2. Les sancions imposades per infraccions greus prescriuen al cap de dos anys a comptar de la data de notificació de la resolució sancionadora ferma.

3. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any a comptar de la data de notificació de la resolució sancionadora ferma.

Article 49

Recursos

Contra les resolucions dictades per l’òrgan competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors, és a dir, el ministeri titular d’economia, i per adoptar mesures de caràcter provisional, es pot interposar recurs d’acord amb el que disposi la normativa en matèria de recursos administratius vigent en cada moment.

Disposició transitòria. Termini d’adaptació

Els operadors que ja estiguin desenvolupant una activitat en l’espai digital a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei disposen d’un termini de 6 mesos a comptar des de la data esmentada per adaptar-se a les disposicions d’aquesta Llei.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Casa de la Vall, 16 d’octubre del 2014

Vicenç Mateu Zamora

Síndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicília François Hollande

Bisbe d’Urgell President de la

República Francesa

Copríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

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